Informe COPE. Más de 400.000 españoles están en las listas de espera de la dependencia

400.000 españoles están en las listas de espera de la dependencia en España: ya sea pendientes de que se les reconozca su grado de dependencia, de que les concedan un servicio o ayudad económica o de que recibir efectivamente esa prestación previamente aprobada. 8 de cada 10 dependientes esperan más de seis meses la concesión de un apoyo que muchos nunca llegan a recibir. Según recoge el último Informe COPE más 22.000 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia solo en el primer semestre de 2023.

16 años después de su puesta en marcha, la Ley de Dependencia se incumple sistemáticamente, especialmente en Cataluña que tiene las mayores listas de espera de toda España. Hay grandes desigualdades entre Comunidades Autónomas siendo Castilla y León y Navarra las que mejor están gestionando las ayudas económicas y los servicios destinados a las personas dependientes.

Según refleja la última estadística del Imserso, a 31 de agosto de 2023 había más de 225.000 personas a la espera de resolución de grado de dependencia o de PIA (Programa Individual de Atención) desde hace 6 meses. Y más de 162.500 beneficiarios con derecho reconocido pero pendientes de un trámite administrativo desde hace más de 6 meses. Hay además otras 22.863 personas que sí tienen la resolución PIA pero que tampoco han recibido la prestación.

Uno de cada 10 de los más de dos millones de solicitantes lleva más de 6 meses esperando que se resuelva su caso.

La espera media supera los 10 meses

Más de 320 días de media tarda una persona en lograr obtener una prestación por dependencia en España frente a los 180 que como máximo marca la ley. Hay Comunidades como Canarias donde la espera media roza los 900 días; en Andalucía supera los 500, en el País Vasco está por debajo de los 150 y en Castilla y León se sitúa en 125. Los que más esperan son los grandes dependientes, especialmente quienes piden una plaza residencial en un centro concertado. Para algunos de los solicitantes, las ayudas nunca llegan, quedan atrapados en el limbo de la dependencia.

“El 54 por ciento de las personas que solicitan la ley de dependencia tienen más de 80 años y cuando tú les haces esperar tiempos largos les estás condenando a fallecer sin esa prestación a la que tienen derecho. En 2022 más de 45.000 personas murieron esperando una resolución de grado o de una ayuda económica o servicio. En los 6 primeros meses del año calculamos que han fallecido más 22.000 personas en esta situación. Es una estimación porque este año el Gobierno ya no publica los datos de las personas fallecidas, un dato que hemos pedido el portal de la transparencia” explica a COPE José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales.

Le ocurrió a Maria Luisa Jiménez de 64 años con su madre “te hacen ir de un centro a otro y, al principio, no tienes mucha información, cuando te organizas y pides las ayudas pasan meses y no obtienes respuesta. Incluso una vez que logras que te hagan la valoración te ves impotente y te preguntas si puedes hacer algo más. Necesitaba una ayuda porque trabajaba y lo que solicité es una prestación económica. Al no concedernos ninguna ayuda me reduje la jornada para poder cuidarla, íbamos muy justas y mi madre falleció esperando la resolución”.

Una mayor inversión estatal que no logra acortar las listas de espera

En 3 años el Gobierno central ha destinado un total 3.644 millones de euros de euros extra para políticas de dependencia, pero la lista de espera ha seguido creciendo. ¿Qué han hecho las Comunidades Autónomas con ese dinero? Es otra de las preguntas que desde la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales han dirigido al portal de la transparencia para tener acceso a los datos hasta mayo de 2023.

En 2021, primer año de plan de choque gubernamental para entre otras cosas recortar la lista de espera, denuncian que 10 gobiernos autonómicos no gastaron como debían esa partida presupuestaria: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia País Vasco y la Rioja.

El resultado es que ahora hay 21.000 personas más a la espera de una valoración, de una prestación o de obtener el efectivamente en su vida el recurso aprobado que a finales de 2022. Son más de 400.000 personas y casi 4 de cada 10 de ellas están en Cataluña.

Cataluña en la peor situación

Cataluña tiene la mayor lista de espera de toda España y según Ramírez “el ejemplo más palmario de gobierno insumiso que incumple la Ley de dependencia es la Generalitat. Es la única región de España en la que el gasto social no llega al 50 por ciento y la única que no ha recuperado el gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales de 2010 a pesar de que sí ha aumentado mucho las partidas no destinadas a fines sociales”.

Según refleja el informe “La inversión social por Comunidades” entre 2019 y 2022 el gasto en servicios sociales aumentó en España un 28,8 por ciento, lo que equivale a casi 4.000 millones de euros más, y el gasto social creció en esos dos años un 13,5 por ciento, tres veces menos que el gasto dedicado a todo lo que no es Sanidad, Educación y Servicios Sociales que aumentó un 41 por ciento.

El gasto de las Comunidades Autónomas en el pago de la deuda ha aumentado más de un 500 por ciento entre 2009 y 2022 hasta suponer el pago de 728 euros más al año por habitante; cinco veces más que lo que ha crecido el gasto total en políticas sociales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales). El gasto en servicios sociales en este periodo creció un 48,5 por ciento lo que supone 114 euros más que en 2009 para situarse en 372 euros por persona en 2022 frente a los 877 que nos supone el pago de la deuda.

Las Comunidades Autónomas dedican la mitad del total de su presupuesto a Sanidad y Educación, los servicios sociales copan únicamente el 7,4 por ciento del gasto autonómico y supone 372 euros por habitante.

Atrapada en el sistema de la dependencia esta Yasmina Ares de 43 año. Lleva desde enero tratando de que su madre de 70 años pueda completar el primer paso para obtener la ayuda que necesita “desde que tuvo una hemorragia cerebral en enero va a a estar casi 9 meses en de espera para que la puedan valorar de dependencia. Todavía ni siquiera le han hecho la valoración. Y es que hasta que no termine la rehabilitación que es de 6 meses Dependencia no nos deja empezar con el procedimiento y tramitar la ayuda y por eso mi madre ahora mismo no tiene ni ayuda económica ni tampoco el servicio a domicilio que necesita”.

Las plazas en las residencias públicas apenas aumentan desde 2019 pero el déficit es aún mayor en servicios domiciliarios. La ayuda a domicilio tiene una cobertura del 5 por ciento desde 2018 y la teleasistencia cubre a menos del 10 por ciento y se ha reducido en los últimos 5 años. A esto se suma unos centros de día que también han reducido su cobertura con una cobertura cercana al 1 por ciento.

Más dinero, más coordinación y mayor eficiencia

Para la presidenta del Círculo Empresarial De Atención a Personas (CEAPS) Cinta Pascual, mejorar nuestro sistema de dependencia pasa por “aumentar la partida presupuestaria porque cuando preguntas por qué no corres más lo que dicen es que porque no tienen gente. Se puede decir que no atendemos a la gente por falta de dinero sobre todo a los más dependientes. Falta dinero para desarrollar los servicios a la dependencia y también coordinación y una prestación exprés en 3 meses para aquellas personas a las que ya le han dado luz verde a una ayuda económica y/o servicio que aún no han recibido”.

Propone introducir cambios en el sistema al considerar que hay redundancias: “hacemos sobrevaloraciones porque no tenemos un buen sistema en servicios sociales, se tendría que poder utilizar los datos que tiene Sanidad para agilizar las ayudas”.

Desde la Asociación de directores y gerentes de Servicios Sociales no comparten esta última propuesta porque consideran que es importante que sean los trabajadores sociales los que valoren la dependencia. Abogan como en CEAPS por un aumento del gasto social y también buscar la eficiencia. Según Ramírez “para ser más eficaces nosotros hemos constatado que es clave la proximidad”. También consideran mejorable la organización por ejemplo unificando en un único trámite la valoración y el informe final con las prestaciones como hace Castilla y León.

Se trata de agilizar un sistema “absolutamente lento” que según recuerda Pascual arranca “pidiendo una cita y que te pueden dar para 4 meses más tarde y tras la visita de la trabajadora social pasan 3 y 4 meses hasta que hacen la valoración y después tienes que esperar otro tanto o aún más tiempo hasta que hacen el informe final en el que dice si eres apto o no y qué grado de dependencia tienes”.