España acoge pero no integra a los refugiados

A pesar de que un 20% cuenta con estudios universitarios, su empleo se caracteriza por la escasez y la precariedad

España acoge pero no integra a los refugiados

Laura Otón

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Ni tanta solidaridad, ni tanta integración. El sistema de acogida a refugiados no cuenta con los recursos, ni con los medios para integrar a las personas que solicitan protección internacional en España, quedando la mayoría en una situación precaria. Un informe de la Universidad pontificia de Comillas, la Universidad de Deusto y el Servicio Jesuita a Migrantes así lo ponen de manifiesto.

El estudio se centra en tres partes, por un lado la precaria situación social, laboral y económica de las personas que solicitan protección internacional en España. Y por otro lado las cifras.

CIFRAS

Según el informe presentado hoy en Comillas ICAI-ICADE, desde mediados del año 2015, la administración española afrontó la crisis mediante diferentes medidas, como aumento de la inversión presupuestaria, incremento del personal que tramita las solicitudes, aumento de plazas de acogida... "Sin embargo, aunque las plazas de acogida pasaron de 930 en septiembre de 2015 a 4.300 en enero de 2017 (y una estimación de 8.700 a finales de 2017), no se ha desarrollado un marco político, legislativo y financiero estable, y el Sistema de Acogida se muestra incapaz de superar las dificultades de integración que los refugiados afrontan en la sociedad española." España  sólo ha reasentado un 28% de lo comprometido, y la solidaridad de Europa queda en entredicho pues 4 de cada 100 desplazados forzosos han sido acogidos en Europa, a pesar de que el tejido económico es muy superior que el de los países de la región que los reciben en su mayoría. 

En lo que respecta al mercado de trabajo, a pesar de que un 20% de refugiados cuenta con estudios universitarios, su empleo se caracteriza por la escasez y la precariedad. “Trabajan de manera cíclica, y se suceden periodos desiguales de empleo formal, desempleo y trabajo informal, sufriendo un deterioro de su situación personal, económica y familiar. A pesar de contar con permiso de trabajo desde los seis meses, quienes consiguen asilo en España no accede a un empleo regular y estable en sus primeros años en el país”, asegura Juan Iglesias, director de la Cátedra Inditex de Refugiados y Migrantes Forzosos de Comillas ICAI-ICADE. A pesar de ello, “una minoría de solicitantes de protección internacional logra insertarse en empleos manuales cualificados y en ocupaciones profesionales de servicios”. Esto nos hace perder mano de obra muy cualificada que podría aportar al desarrollo de España.

FALLA LA TRANSICIÓN 

Por otro lado a través de las entrevistas en profundidad realizadas para elaborar el informe se ha llegado a la conclusión que “hay un problema grave en la transición del centro de acogida y vida autónoma encuentran dificultades para encontrar trabajo y vivienda de manera estable, cuando se acaban las ayudas no se han cambiado las condiciones de manera sustancial”. La experiencia desde el Servicio Jesuita a Inmigrantes como cuenta Gorka Urrutia, ha detectado que las redes sociales que les apoyan, compatriotas, familiares, conocidos o incluso organizaciones como Cáritas, son las que realmente realizan el apoyo para su integración.

PROPUESTAS

Los autores del informe propone 17 medidas para facilitar la integración de las personas refugiadas en España, habiendo percibido que las ONG que trabajan con ellos están dispuestas a asumirlas. Es necesario dicen una coordinación d ellos recursos estatales, autónomicos y municipales.

Algunas de ellas pasan por reformar el sistema de distribución de plazas y solicitantes de protección durante la fase de acogida. Facilitar la homologación de títulos para impulsar su integración en el mercado laboral. Implementar nuevos modelos de control de las ayudas económicas, más flexibles, que den una mayor autonomía a las organizaciones y a las propias personas refugiadas o desarrollar un marco reglamentario que recoja formalmente la política de acogida e integración en España, sus límites y obligaciones.

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