La malversación en el 1-O que no ve Montoro y sí la Guardia Civil: dos millones

El informe que el juez del "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, encargó a la Guardia Civil revela que la Generalitat malversó 1.915.067,22 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.

El partido VOX lo afirma así en su cuenta de Twitter, donde esta madrugada ha publicado que Llarena "acaba de levantar el secreto de la pieza separada de investigación de la posible malversación de caudales públicos acreditándose en la misma, según informe de la Guardia Civil, de la cantidad de 1.915.067,22 euros malversados".

VOX, personado como acusación popular en el proceso que se instruye contra los presuntos responsables del proceso independentista catalán, afirma que esta conclusión "deja en evidencia lo manifestado por el ministro (Cristóbal) Montoro".

El titular de Hacienda negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público, lo que ha llevado este miércoles a Llarena a pedirle por escrito que explique "a la mayor brevedad posible" sus afirmaciones, al considerar que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión.

Ante estos hechos, VOX ha solicitado "la inmediata dimisión/cese del ministro de Hacienda por haber faltado a la verdad y haber causado un grave perjuicio a la acusación penal contra los golpistas, perjudicando igualmente la aplicación de la euroorden y entrega de Puigdemont a España por Alemania".

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, por su parte, se ha comprometido este miércoles a aportar al juez Llarena toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria. En un comunicado, Hacienda ha asegurado que ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.