¿Qué ha sido de la Ley de Familias?

8 meses después de su aprobación en el Consejo de Ministros, la Ley de Familias sigue sin obtener el respaldo parlamentario necesario para que puedan entrar en vigor las nuevas prestaciones y medidas que incluye y que reclaman las principales organizaciones de apoyo a la familia. El presidente Pedro Sánchez habló también en octubre en un pleno centrado en la inmigración de incluir medidas para fomentar la natalidad que no figuran en el texto inicial heredado del Gobierno anterior al 23-J.

Y es que, aunque España es uno de los países en los que más difícil es formar una familia, impulsar los nacimientos no es la prioridad de la ley que primero impulsó desde Podemos Ione Belarra y tras las últimas elecciones generales ha retomado el ministro de Derechos Sociales Pablo Bustinduy, de Sumar, que se centra sobre todo en ampliar las ayudas a las familias más vulnerables y en medidas para mejorar la conciliación.

“No hay nada de fomento de la natalidad en la ley y es algo que siempre nos ha llamado la atención porque además somos parte de la solución”, explica en COPE José Manuel Trigo, al frente de la Federación Española de Familias Numerosas (FEEN).

Para Maria José Olesti, directora general de la Fundación “The Family Watch” “si el objetivo de la ley de familias es también revertir la baja tasa de natalidad es insuficiente, necesitamos diseñar una estrategia demográfica para dejar de ser el segundo país por la cola en tasa de fecundidad en la Unión Europea”, situada en 1,16 hijos por mujer, lejos del 2,1 por ciento que garantiza el reemplazo poblacional con un nuevo récord a la baja de nacimientos en 2023.

¿Qué está retrasando la aprobación de la ley de familias?

La tramitación de la ley tenía que ser urgente, pero se está retrasando y tras ser aprobada a finales de febrero el texto sigue negociándose con los grupos parlamentarios y, en su primera fase, la de enmiendas a la totalidad. Después seguirá el diálogo en torno a las enmiendas parciales, según reconocen desde el Ministerio de Derechos Sociales.

En juego, ampliar los derechos y ayudas a las familias más vulnerables, las numerosas, monoparentales, de inmigrantes o con discapacidad y mejorar la conciliación en España con medidas con un impacto presupuestario de 1.200 millones de euros que siguen sin ir a las familias.

“Quizás sea un poco despropósito el haber presentado esta ley con tantos defectos que le ven todos los grupos parlamentarios. Los partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno dicen que les invade competencias, no hay un acuerdo, para una parte del Ejecutivo hasta ahora no era prioritario”, constata Trigo.

En el Ministerio de Derechos Sociales sí lo tildan de prioritaria la ley, además de una necesidad para la sociedad española. Para impulsar las negociaciones en el Congreso y, según señalan, fuentes del gabinete de Pablo Bustinduy, pactaron con el presidente Pedro Sánchez que hiciera referencia la semana pasada a la Ley de Familias.

Por su parte, y desde el PP, según fuentes del partido consultadas por COPE, admiten que nadie les ha consultado sobre esta ley Y consideran que si no se aprueba es porque el Ejecutivo sabe que no cuenta con los apoyos necesarios.

Desde la FEEN confían en que terminen con una aprobación antes de final de año y en lograr las mejoras que reclaman, entre ellas, conservar tanto el título de familias numerosas como su nombre que han visto peligrar sustituido por el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza: “lo que a nosotros nos define es el número de hijos y debemos mantener nuestro nombre. Lo hemos hablado con los principales grupos parlamentarios y están de acuerdo prácticamente todos”.

¿Forman parte los permisos retribuidos de 8 semanas de la ley?

Seguimos sin ley de familias y sin los permisos retribuidos a los que nos obliga la Unión Europea, lo que va a suponer una multa a España de como mínimo 7 millones de euros. Esta ampliación de los permisos retribuidos forma parte de los acuerdos de coalición que pactó el PSOE con Sumar que insiste en su puesta en marcha urgente al igual que aspiran a reducir las altas tasas de pobreza infantil con una renta universal de apoyo a la crianza de 200 euros que quieren implantar de forma progresiva hasta los 18 años.

“La renta de crianza es deseable y está implantada en muchos de los países vecinos y los permisos retribuidos de 8 semanas durante los 8 primeros años de vida del hijo tienen que ampliarse y nosotros en esto pensamos que tampoco es lo mismo tener el segundo hijo o el tercero o el cuarto para los que merecería ampliarse una semana más al igual que se hace con la discapacidad” subraya Trigo quien considera llamativo quien trabaja por lograr que se tenga en cuenta a cada hijo sin limitar su número a un máximo como se hace en la prestación por desempleo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el complemento de ayuda a la infancia y el complemento por hijos en la pensión.

Son medidas que tienen peso presupuestario y que no acaban de ver la luz. Pueden tanto incluirse en la futura Ley de Familias como aprobarse al margen. Entre las medidas específicas que incluye el texto que actualmente se negocia y además de la prestación por crianza, se busca mejorar la protección de las familias más vulnerables.

Protección a las familias monoparentales. Las familias con una sola persona progenitora (8 de cada 10 son mujeres) dispondrán de un título de acreditación oficial de familia monoparental. Este título se tendrá en cuenta para el acceso preferente a distintos servicios públicos, y, en particular, va a ofrecer la posibilidad de que tengan 16 semanas de educación infantil de forma gratuita dentro de los primeros 24 meses de vida del hijo o la hija. Además, se equipararán los derechos de las familias monoparentales con dos hijos a los de las familias numerosas.

Protección a las familias numerosas. Se reconocerán como familias numerosas de categoría especial, todas aquellas con cuatro o más hijos o hijas (anteriormente reconocidas a partir de los cinco) o con tres en caso de parto múltiple (anteriormente a partir de los cuatro). Se reducen también a tres, cuando sus ingresos anuales, divididos por el número especial de sus miembros, no superen el 150% del IPREM vigente. Otra novedad es que, en caso de separaciones o divorcios con custodia compartida, el título de familia numerosa lo podrán ostentar ambos progenitores, para que ambos puedan acogerse a sus beneficios.

Protección a las familias migrantes. En las situaciones familiares en las que alguno de sus miembros proceda de otro Estado o territorio y no tenga regularizada su situación administrativa, la ley garantizará un NIE para niños y niñas cuyos progenitores estén en situación irregular.

Protección a familias con personas con discapacidad. Se equiparará los derechos de las familias numerosas a aquellas familias que tengan un ascendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (frente al 65% actual). Y en familias con menores de edad con discapacidad, las administraciones competentes estarán obligadas por ley a asegurar la atención temprana y a facilitar los apoyos educativos necesarios.

Más derechos para las parejas de hecho. Los derechos de las parejas de hecho se equipararán a los de los matrimonios en varios puntos:

• Tendrán derecho a pensión de viudedad (similar a la del matrimonio) y al complemento a mínimos de las pensiones.

• Estarán en el acceso al Fondo de Garantía de Pago de Alimentos para los hijos e hijas a cargo en caso de disolución de la pareja.

• Se creará un Registro Estatal de Parejas de Hecho centralizado para las parejas registradas a nivel autonómico.

Imposible tener los hijos que se desean en nuestro país

A pesar de la ampliación de los permisos de paternidad, la extensión a 28 días del permiso de lactancia, las ayudas al alquiler o la subida del salario mínimo interprofesional, España es el país de la Unión Europea con mayor número de mujeres que se ven obligadas a postergar la decisión de tener hijos hasta pasados los 40 años.

Según el primer estudio que realiza el CIS sobre “Fecundidad, familia e Infancia” y publicado en octubre al 58,9 por ciento de los encuestados que no tienen hijos les hubiera gustado tenerlos y el 77,3 por ciento asegura que no tiene hijos por motivos económicos y el 44 por ciento por las dificultades para la conciliación.

Pese a ello, el 93 por ciento de los casi 6.000 entrevistados están “muy de acuerdo o de acuerdo” en que ver crecer a los hijos es el mayor placer de la vida.

“España es uno de los países comunitarios en los que mayor brecha hay entre los hijos que se quieren tener y los que se tienen realmente. Y para ello a las ayudas y los permisos destinados a las familias si no medidas para impulsar el acceso a la vivienda de los jóvenes, fomentar que puedan emanciparse y para ello que tengan unas condiciones laborales estables y unos sueldos que les permitan apostar por la natalidad”, concluye Olesti.

Y es que tener hijos en nuestro país aumenta claramente el riesgo de estar en situación de pobreza. Según un reciente estudio de FUNCAS, la carencia material y social severa es casi dos veces más frecuente entre las familias con dos progenitores e hijos que entre los mayores que viven solo y afecta casi a una de cada 5 familias monoparentales (18,4 por ciento).