BILBAO

Desestimados los recursos contra el pliego de la plaza de toros de Bilbao

El ayuntamiento de Bilbao ha desestimado los recursos presentados contra el pliego de condiciones para la licitación y gestión del coso de Vista Alegre.

Paseíllo en el coso de Vista Alegre de Bilbao

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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Según ha podido saber Efe, se han rechazado hasta tres recursos, el primero el que fue presentado conjuntamente por cuatro empresarios taurinos en el que mostraban su malestar porque el pliego no respetaba "la libre concurrencia obligada en el mundo económico europeo".

También porque se exige que para poder concurrir al concurso es necesario que la empresa licitadora haya celebrado "algún festejo taurino en plazas de primera categoría", algo que cierra mucho el abanico y favorece a las grandes casas empresariales.

Este recurso fue presentado por José María Garzón (Lances de Futuro), José Carlos Escribano (Toros de Mediterráneo), Alberto García (Tauroemoción) y Maximino Pérez (Maxi Toros), empresarios todos ellos de una importante presencia en numerosas ferias del circuito nacional, pero sin experiencia en plaza de primera, excepto Escribano que dirige la de Málaga.

Otro recurso que el consistorio bilbaíno ha echado para atrás ha sido el presentado por Rafael García Garrido, director gerente de Nautalia y uno de los empresarios de Las Ventas.

García, que ya había logrado ampliar el plazo de presentación de plicas del 17 de julio al 2 de agosto, consideraba que gran parte de los puntos que abordaba el pliego (40 de 150) eran "subjetivos", así como también lo era el criterio de valoración de las distintas ofertas, y los apartados de programación taurina y obras.

Y el último recurso desestimado ha sido uno que fue presentado por un grupo animalista que pretendía cerrar la plaza de toros y acabar así con los festejos taurinos en la capital vizcaína.

El próximo viernes acaba el plazo de presentación de plicas para la gestión y adjudicación del coso de Vista Alegre para los próximos 20 años, pero, asimismo, se abre un plazo de dos meses para recurrir esta decisión adoptada por el ayuntamiento, que, en el caso de que se produzca, deberá llevarse a cabo por la vía judicial.

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