El Consejo Nacional de Protección Civil aprueba un borrador de su segunda estrategia

El Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado este miércoles impulsar la tramitación de la II Estrategia Nacional de Protección Civil que incorpora la experiencia acumulada en la prevención, gestión y respuesta a las emergencias.

El documento también desarrolla nuevas líneas de actuación para que la autoprotección de la población, la formación de los profesionales o la incorporación de las nuevas tecnologías sean también algunos de sus pilares.

El borrador ha recibido el aval de este órgano que reúne a todos los departamentos ministeriales, todas las comunidades y ciudades autónomas.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha podido conocer también el Mapa de Riesgos de Protección Civil, un instrumento que permite identificar aquellas áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias y catástrofes, y el Proyecto Impacto, un nuevo registro de las catástrofes y emergencias que se registran en España así como de los daños y pérdidas que provocan.

La Estrategia Nacional de Protección Civil es un instrumento de planificación operativa previsto en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, y el primer documento entró en vigor en abril de 2019 con una vigencia de cinco años, por lo que debe ser revisado este año.

El objetivo último de la Estrategia es fortalecer el Sistema Nacional de Protección Civil, dotarle de mayor coherencia, eficiencia y agilidad, en línea con las directrices marcadas en el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035, aprobado en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma en marzo de 2022.

Además, el Consejo Nacional ha acordado crear distintos grupos de trabajo para el desarrollo de la Norma Básica de Protección Civil, documento que establece los riesgos que deben ser objeto de planificación de protección civil y las bases para la mejora de la coordinación y eficiencia de las actuaciones de los servicios de intervención y asistencia en emergencias.