Golf.- Sergio García confía en el archivo de la causa por el campo de Borriol y dice que no tiene "nada que ocultar"

El golfista Sergio García ha asegurado este jueves tras declarar como investigado en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón por delitos societarios en relación a la adquisición de unos terrenos de la sociedad Golf del Mediterráneo SA por parte de la mercantil Golf Borriol SL que confía en el archivo de la causa y que está "tranquilo" porque no tiene "nada que ocultar".

García, que se ha pronunciado así ante los medios en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Castellón, ha subrayado que ha dicho "todo lo que tenía que decir" a la jueza. "Luego ella ya tomará las decisiones", ha añadido.

Preguntado sobre si cree que la causa se archivará y no se celebrará juicio, el golfista español ha señalado que no puede decir lo que se va a hacer, pero que confía en que ser produzca el archivo.

Sergio García, cuya declaración ya se había suspendido dos veces con anterioridad, está investigado en esta causa junto a su padre y al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, que ya prestaron declaración el pasado 19 de octubre.

El Juzgado ya acordó hace tiempo recibir a los investigados nueva declaración, pero estos recurrieron dichas citaciones ante la Audiencia Provincial, que confirmó la decisión del juzgado, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castelló reabrió la causa en relación a una denuncia presentada por dos socios de la empresa Golf Mediterráneo SL contra 9 miembros del Consejo de Administración de dicha mercantil, entre los que estaba el exmandatario del PP.

Las diligencias previas se abrieron en julio de 2016 tras una denuncia por posibles delitos societarios por un acuerdo alcanzado por el Consejo de Administración de dicha empresa, que permitió a Golf Borriol SL -empresa de la familia del golfista Sergio García- adquirir unos terrenos del campo de golf de Borriol por un importe de 425.000 euros, cuando, según los denunciantes, el valor era de 9,6 millones de euros.

El juzgado acordó en mayo de 2017 el archivo provisional de esta investigación, decisión que confirmó la sección primera de la Audiencia Provincial en noviembre de 2017, al considerar que no se apreciaba la comisión de los delitos denunciados.

Tras la incorporación de un informe policial en la causa en la que se investiga por parte del mismo juzgado el patrimonio de Carlos Fabra, la Fiscalía solicitó la reapertura de las diligencias. El juez acordó en noviembre de 2020 reabrir la causa y practicar las diligencias de investigación solicitadas por la Policía en su informe.