Los colegios concertados rechazan la nueva Ley de Educación que pretende el Gobierno central

Escuelas Católicas de Córdoba, CECE Córdoba, FSIE Córdoba, FEUSO Córdoba, Concapa Andalucía, organizaciones andaluzas integradas en la Plataforma de Concertados, y que representan a más de 100 centros, 2.800 trabajadores (docentes y no docentes) y más de 25.000 familias, han acordado movilizarse en contra de la LOMLOE.

Lo harán en el marco de una gran campaña nacional que bajo el eslogan de “Más Plurales, Más libres y Más iguales” pretende trasladar a la opinión pública y a los grupos políticos el amplio rechazo social que causa esta reforma. Patronales, sindicatos y confederaciones de padres de la concertada coinciden en rechazar la LOMLOE, tanto por el momento, como por la forma y, sobre todo, el contenido.

Para Antonio Guerra, presidente de Escuelas Católicas de Córdoba asegura que "esta norma aleja definitivamente la legislación educativa de cualquier posibilidad de consenso y pacto con los actores implicados, a los que ni siquiera se ha llamado para negociar el documento: no es que haya buscado el consenso, es que por primera vez en la historia de la democracia ni siquiera se ha pretendido el diálogo. Pero sobre todo es una ley nefasta por su fondo sectario y excluyente y por su lista de agravios contra la libertad de enseñanza". También ha añadido que "su tramitación se produce en plena pandemia, entre estados de alarmas, en una situación crítica en lo sanitario y por ende en lo económico".

Ver esta publicación en Instagram ������No perdamos el color, nos jugamos el futuro de la enseñanza #Concertada. El Gobierno aprovecha para imponer una ley educativa sin consenso. Pero aún TÚ puedes pararlo���� https://t.co/5iA5P95h5n #MasPlurales #StopLeyCelaá Una publicación compartida por FSIE MADRID (@fsiemadrid) el 4 de Nov de 2020 a las 10:19 PST

Así, según los representantes de la concertada, la LOMLOE supone un ataque sin precedentes al derecho de padres y tutores a elegir la educación que quieren para sus hijos, derecho avalado por la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Al eliminar la demanda social, como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares concede al Estado un poder absoluto y absolutista para realizar una planificación unilateral de los centros, más propia de regímenes totalitarios que democráticos. Para hacerlo, se inventa un “derecho a la educación pública”, completamente inexistente en la jurisprudencia y doctrina constitucional española y europea, y en la práctica opuesto al derecho universal a la educación, que solo puede garantizarse con la complementariedad de la oferta entre colegios públicos, concertados y privados.

En la misma dirección, la LOMLOE, en contra de las recomendaciones de todos los organismos e instituciones educativas internacionales, lesiona aún más la autonomía de los centros, atacando de forma específica la de los centros concertados, a los que les impone un comisario político con el objetivo poco simulado de poner frenos para el desarrollo de su ideario, cuando esa es contrariamente la razón de ser de estos centros y de su financiación con fondos públicos.

Para Guerra se posterga, aún más, la asignatura de religión, sin alternativas y sin efectos en la evaluación, y resucita la polémica educación para la ciudadanía a través de una nueva asignatura en valores cívicos y éticos que tiene el riesgo de utilizarse como herramienta de adoctrinamiento en la imposición de valores no consensuados ni elegidos por los padres.