Cuatro meses de prisión y multa a la mujer que atentó contra una doctora en el Centro de Salud de San Antonio

Informa el área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Motril ha condenado por un delito de atentado y un delito leve de amenazas a una mujer que agredió a una facultativa del centro de salud de San Antonio de Motril, adscrito al Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Los hechos tuvieron lugar el pasado 1 de febrero, cuando la usuaria manifestó su desacuerdo con el diagnóstico y la prescripción médica recibida, adoptando una actitud agresiva

Por el delito de atentado le ha correspondido a la acusada la pena de prisión de cuatro meses e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante este tiempo. En el caso del delito leve de amenazas, la condena es de 20 días de multa con cuota diaria de seis euros con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago. Además, se le prohibe comunicarse por cualquier medio con la víctima durante seis meses

Tanto el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada como la Delegación Territorial de Salud y Consumo, han condenado este tipo de episodios violentos y recuerdan que, como pone de manifiesto la sentencia del juzgado motrileño, la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y en este sentido se están dictando sentencias en estos casos.

Concentración

Profesionales sanitarios, personas usuarias y responsables del AGS Sur de Granada, se concentraron en solidaridad con la profesional agredida y en repulsa de los hechos acaecidos el pasado día 7 de febrero a las puertas del centro, bajo una única pancarta en la que se podía leer ‘Stop agresiones’.

Los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz cuentan desde 2020, tras un acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad, con un renovado Plan de Prevención y Atención de Agresiones para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución del total de estos ataques verbales o físicos, para los que no puede haber ningún tipo de justificación

Este plan de agresiones incorporó como novedad un programa especial de acompañamiento al personal agredido y un profesional con formación específica que

ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas; esta figura del ‘profesional guía’ tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión.

También habilita canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales.

POLICÍA NACIONAL

En menos de una semana, agentes de la Policía Nacional de Motril han llevado a cabo dos actuaciones relacionadas con sendas agresiones a personal sanitario. La primera de ellas tuvo lugar el pasado día uno de febrero en el Centro de Salud de San Antonio, por la que la presunta responsable, una mujer de 23 años de nacionalidad española sin antecedentes policiales, ya ha sido detenida, puesta a disposición de la autoridad judicial y enjuiciada. Mientras que la segunda agresión se continúa investigando por otro suceso ocurrido en el Hospital motrileño de Santa Ana en torno a las 23.30 horas del pasado día seis cuando fueron agredidos varios profesionales sanitarios tras una concentración de cerca de medio centenar de familiares de una paciente ingresada en la zona de urgencias.

Detenida por agredir a una doctora que le había dado la baja laboral

La primera agresión sucede sobre las 14:30 horas del día uno de febrero contra una médico de cabecera del Centro de Salud de San Antonio de Motril. Tras la atención a una paciente, se le pauta medicación y se le expide un parte de baja laboral por un periodo de tres días, con próxima renovación por su médico de cabecera. Minutos después y una vez recibida la medicación, es cuando la mujer vuelve a la consulta presentando un gran estado de nerviosismo y muy agresiva e insulta, amenaza y arroja objetos contra la misma doctora quien presenta lesiones leves producidas con dichos objetos. Durante el suceso, llegó a arrojar la pantalla del ordenador contra la médico, no llegando a alcanzarla.

Los agentes, pertenecientes a la Brigada de Seguridad Ciudadana, fueron informados de la agresión una vez personados en el citado centro sanitario, después de recibir una llamada en el CIMACC-091 realizada por el personal del mismo centro de salud. Seguidamente y tras recabar los datos del incidente, se dirigen al domicilio de la mujer donde es localizada, detenida y trasladada a la Comisaría de Motril para el trámite de las diligencias policiales y, una vez finalizadas, al día siguiente, es puesta a disposición de la autoridad judicial, quedando señalado juicio rápido por delito de atentado y delito leve de amenazas para el mismo día dos de febrero.

En cuanto al segundo incidente se continúa investigando por agentes de la Brigada de Policía Judicial de Motril. Ocurre el pasado día seis alrededor de las 23:30 horas en la zona de urgencias del Hospital de Santa Ana donde una mujer es ingresada en observación. Poco después se congrega en el exterior un elevado número de familiares, cercano al medio centenar y, en un momento dado, se produce el desmayo de una de estas personas la cual es atendida por dos celadoras y un enfermero. En ese momento, la muchedumbre comienza a gritar, exigiendo la presencia inmediata de un médico, y a agredir a una de dichas celadoras y al enfermero. Como resultado de esta agresión, ambos sanitarios padecen lesiones de carácter leve, estando abierta la investigación policial para identificar a los responsables.

Especial protección para los profesionales de la salud. Interlocutor Policial Sanitario y la Instrucción 3/2017 de la S.E.S

La Policía Nacional cuenta con la figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario que se encarga de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Además, son el punto de contactopermanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes.

La figura del Interlocutor Policial Nacional Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones a nivel nacional, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas. Con el objetivo principal de disminuir los actos delictivos cometidos en centros médicos, el interlocutor mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para establecer una comunicación más fluida y adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo. Además ofrece asesoramiento a los centros que lo soliciten para prevenir agresiones y formar a los propios sanitarios con medidas de autoprotección.

Otra valiosa herramienta legal en la lucha contra este tipo de agresiones es la Instrucción 3/2017 de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud, en ella y entre otras medidas, se establece un procedimiento de actuación común dentro del ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier tipo de agresión o manifestación de violencia e intimidación dirigida a médicos y profesionales de la salud, comprendiendo por tanto, cualquier conducta susceptible de encuadre dentro del concepto de agresión física o agresión verbal, así como aquellos actos que supongan infracción penal directamente relacionada con la actividad sanitaria.

Igualmente cabe destacar que las agresiones a estos tienen consecuencias jurídicas derivadas del vigente Código Penal (art.550), dado que hace extensible el Principio de Autoridad a toda persona que ejerce su trabajo en un centro de atención primaria, de salud u hospital, calificándose jurídicamente como atentado a la autoridad las agresiones sufridas en el ejercicio de sus funciones por los profesionales de la salud