La Justicia de Aragón ya había alertado a la Fiscalía de los abusos en el Centro de Menores de Ateca

La Justicia de Aragón ya había denunciado ante la Fiscalía los abusos cometidos en el Centro de Menores de Ateca por lo que el pasado jueves fueron detenidos cinco trabajadores, entre ellos, el director del centro. Los cinco detenidos han ingresado en prisión por delitos de agresión sexual, lesiones y torturas a al menos, dos menores. También se les imputa un delito de pertenencia a organización criminal. La voz de alarma la dio la madre de uno de los menores tras ver las lesiones que presentaba su hijo. Posteriormente, la Guardia Civil pudo comprobar que había más víctimas.

Antes de las detenciones, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, había recibido una queja denunciando abusos a dos menores en este centro. Todo ello se puso en conocimiento de la Fiscalía que colaboró desde el primer momento para poder esclarecer los hechos que también estaba investigando la Guardia Civil.

Tras las cinco detenciones, el centro ha sido cerrado y los menores que están bajo custodia del Gobierno de Aragón han sido realojados. La Justicia de Aragón ya ha advertido que se vigilarán los recursos residenciales en los que han sido reubicados estos menores, así como sus condiciones y previsión de alojamiento a medio plazo. Para hacer seguimiento de la situación, la Justicia de Aragón ha abierto un expediente de oficio. Todo ello ha sido trasladado por parte de la Justicia a la Consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, en una reunión que han mantenido en la mañana de este lunes.

Además, el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón está valorando personarse como acusación particular en este caso. El Colegio denuncia la falta de control y supervisión de este tipo de centros desde hace años por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Y es que este Centro de Menores dependía del Gobierno de Aragón pero su gestión estaba concertada con una entidad privada. El Colegio también reclama una formación continua para los educadores sociales que se base en el buen trato a los menores.

El Defensor del Pueblo también ha preguntado a la Justicia de Aragón por lo sucedido en Ateca.