¿Qué responsabilidad tienen los menores que han desnudado a sus compañeras de instituto con IA?

Varios menores están siendo investigados en Zaragoza por manipular las fotos de sus compañeras de instituto y desnudarlas a través de la Inteligencia Artificial. Vendían incluso las imágenes, a 5 euros. Un suceso que nos hace preguntarnos: ¿Qué consecuencias van a tener estos hechos? ¿Podrían ir a la cárcel?

La pornografía infantil está penada con penas de prisión de entre 1 y 5 años. Si las víctimas son menores de 16 años, como es el caso, las penas se elevan a entre 5 y 9 años. Pero los infractores también son menores, por lo que no se les aplica el Código Penal.

Nos lo ha explicado en COPE el abogado experto en tecnología Javier Prenafeta: “En estos casos se les aplica la Ley de responsabilidad Penal del Menor, habrá que ver qué penas se les imponen pero al ser un delito castigado con más de 5 años, podrían entrar en un centro en régimen de internamiento”.

Esto se aplicará a los 7 menores de entre 14 y 15 años que están siendo investigados por la Guardia Civil. Pero hay otros 6 menores de 14 años implicados en los hechos y que, por lo tanto, son inimputables. ¿Qué significa eso? Pues que no se les puede aplicar la ley del menor.

En este caso, entraría el Código Civil, con “algún tipo de medida de guarda con los padres que, eso sí, tendrían que hacerse cargo de la indemnización y la responsabilidad civil derivada del delito”, señala Prenafeta.

Cada vez más habitual

Uno de los datos más preocupantes de este caso es que se trata de “conductas cada vez más habituales” porque “son herramientas de uso gratuito, que están al alcance de cualquiera” y, además, son “muy sencillas”.

“Seguramente estos menores no son conscientes del daño que causan y de las repercusiones que tiene”, apunta este experto, que cuestiona, de hecho, que al tratarse de menores pueda incluso demostrarse la intencionalidad del delito.

Sin embargo, el hecho de que los menores hayan tratado de vender las imágenes manipuladas de sus compañeras, deja una vía abierta a la denuncia por la vía civil al tratarse de un derecho fundamental. Una vía que puede ser, apunta, “más sencilla” que la penal.