Así afecta a los nuevos pisos turísticos la reforma legal aprobada en Asturias

Más controles y más sanciones. Esas son las principales novedades que introduce la Ley de Turismo del Principado de Asturias con la modificación aprobada por la Junta General del Principado con los votos a favor de PSOE, IU y los diputados del grupo mixto Adrián Pumares y Covadonga Tomé. En contra han votado PP y VOX que consideran que el texto legal es “poco riguroso” y una “chapuza”.

pisos turísticos registrados

La nueva normativa busca poner orden al estallido de viviendas turísticas que está sufriendo el Principado al tiempo que pretende combatir la actividad clandestina, la oferta ilegal y el intrusismo profesional. A finales de 2023 había registradas unas 6.000 viviendas. Gijón es el municipio con más oferta (2.600) y ha decidido prorrogar la suspensión de licencias  en Cimadevilla, La Arena, El Carmen y la zona centro. Llanes ha optado por aplicar una moratoria con más de un millar de viviendas turísticas legalizas. Es una cantidad similar a la que existe en Oviedo que, por ahora, no aplica restricciones con las licencias.

novedades

La reforma de la Ley de Turismo ha quedado un tanto descafeinada por los reparos jurídicos al texto inicial. Finalmente, no será necesario que los pisos ya inscritos necesiten el visto bueno de la comunidad de vecinos. El Principado sí podrá pedir a los nuevos negocios un certificado de la Junta de Propietarios y una declaración responsable de comercialización turística, de conformidad con los requisitos que establece la Ley de Propiedad Horizontal. Además, las casas no se podrán alquilar por habitaciones, tendrán que ser arrendadas en su integridad y tendrán que tener contadores individuales de luz y agua. Asimismo, no podrá comercializarse como vivienda de uso turístico ningún tipo de vivienda sometida a un régimen de protección pública o protección oficial.

SANCIONES MÁS DURAS 

La nueva ley también conlleva una actualización de las sanciones económicas por incumplimientos de la normativa, que aumentan más del doble en todos los tramos. Las multas irán desde los 150 a los 100.000 euros y prevé la suspensión de las actividades empresariales o profesionales, que será de hasta seis meses en el caso de infracciones graves y hasta dos años en las muy graves, informa EFE.

Asimismo, contempla la clausura del establecimiento y revocación de la autorización o habilitación preceptiva para el ejercicio de la actividad, en el caso de infracciones muy graves. Además, incluye el concepto de zona turística protegida para aquellos ámbitos territoriales en el que se superen los niveles máximos de oferta y demanda de actividades turísticas.