El padre de un menor discapacitado sobre la ausencia de la ayuda institucional: "Destroza a familias"

Las puertas del Cabildo de Gran Canaria se llenaron de indignación y tristeza. Una multitud de padres y madres se concentró frente a la institución, reclamando lo que consideran una promesa incumplida: la continuidad de programas de rehabilitación, adaptación y aprendizaje para sus hijos con discapacidad, una vez que salen del sistema educativo al cumplir los 21 años. Los gritos de "¿Y ahora qué hacemos?", resonaban, dando nombre a la plataforma que, hace un año, inició un diálogo con las autoridades con la esperanza de encontrar una solución para el futuro de sus hijos. Pero ese diálogo, hasta hoy, ha quedado en el aire.

El sufrimiento de estas familias es palpable. Para los niños y jóvenes con discapacidad, el fin de su etapa educativa es un momento crítico. Al cumplir los 21 años, muchos se ven obligados a dejar los centros donde han pasado su vida recibiendo una educación especializada y terapias de rehabilitación que son cruciales para su desarrollo y bienestar. Sin alternativas claras para seguir con estos procesos, estos jóvenes quedan varados en una especie de limbo, sin los apoyos necesarios para seguir avanzando. Y con ellos, sus familias quedan solas, enfrentándose a un futuro incierto y lleno de tensión.

Estamos desprotegidos, atender un menor sin ayuda institucional, destroza familias por el desgaste que supone

Javier Plaza, uno de los padres que apoyan la concentración, expresó en Herrera en COPE Gran Canaria con claridad la desesperación que sienten: "Nos han dejado desprotegidos. A nuestros hijos los han abandonado justo en el momento en que más lo necesitan. Cumplen 21 años y, de repente, parece que ya no importan". 

Con su voz cargada de frustración, Javier explicó cómo su hijo, que había mostrado importantes avances gracias a los programas de educación especial, ahora se encuentra estancado. "El padre de un menor discapacitado sobre la ausencia de ayuda institucional: "Destroza a la familia". 

Nos prometieron soluciones hace un año, y aquí seguimos, luchando por lo mismo”, añade que tras la declaración institucional “no han hecho nada para cubrir las necesidades que tenemos las familias,” a la vez que se reconoce que “un menor discapacitado sin atención institucional destroza familias, por el desgaste brutal que supone atenderlos y conciliar.”

La concentración no solo fue un grito de reclamo, sino también un espacio para compartir historias que reflejan la angustia de tantas familias. Ruth, otra madre presente, compartió su dolorosa experiencia. Su hija lleva dos años sin acceder a los servicios de rehabilitación que antes recibía en el centro educativo. "Todo lo que había avanzado, lo ha perdido. Los logros que con tanto esfuerzo había conseguido han desaparecido, porque desde que salió del sistema educativo no ha tenido ningún tipo de apoyo. Estamos en casa, solos, y me siento impotente", confesó con indignación. Su testimonio refleja el miedo compartido por tantos padres, que ven cómo los progresos de sus hijos se desvanecen ante la falta de programas de continuidad.

La situación es especialmente grave en Canarias, donde las familias con hijos con discapacidad enfrentan un panorama desolador una vez que sus hijos cumplen 21 años. El fin de la educación obligatoria no debería significar el fin de las oportunidades para estos jóvenes, pero, en la práctica, muchos de ellos se ven forzados a quedarse en casa, sin la posibilidad de continuar con su rehabilitación, su adaptación o su formación. Y para los padres, este vacío institucional se convierte en una carga insoportable.

Estamos solos

El agotamiento emocional y físico de las familias es evidente. Cuidar a un hijo con discapacidad es un reto diario que genera una tensión enorme, tanto a nivel personal como familiar. La falta de apoyo tras el fin de la educación agrava esta situación, dejando a los padres en un estado de soledad y abandono. "Estamos solos, luchando con uñas y dientes para darles lo mejor, pero el sistema nos está fallando", reclamaba Javier, reflejando un sentimiento común entre los manifestantes.

Las familias no piden imposibles, reclaman lo que consideran un derecho fundamental para sus hijos: la posibilidad de seguir desarrollándose, de continuar aprendiendo, de seguir recibiendo las terapias y apoyos necesarios para vivir una vida digna. "No estamos pidiendo caridad, estamos exigiendo que cumplan lo que nos prometieron", añadió Ruth con firmeza.

Hace un año, las autoridades locales se comprometieron a crear programas específicos para estos jóvenes que terminan su etapa educativa. Sin embargo, hasta ahora, esas promesas no se han traducido en hechos. La falta de recursos, la burocracia y la dejadez política han dejado en el aire las esperanzas de cientos de familias que siguen esperando respuestas.

Solo pedimos lo que nos corresponde por derecho

Mientras tanto, los padres continúan luchando por un futuro mejor para sus hijos. La concentración frente al Cabildo fue solo un paso más en una batalla que, para ellos, no debería existir. "No pedimos más que lo justo. Nuestros hijos merecen un futuro, y no vamos a parar hasta que lo consigan", afirmó Javier con determinación. Pero el tiempo sigue corriendo, y con cada día que pasa, los jóvenes con discapacidad de Canarias siguen perdiendo oportunidades, mientras sus familias cargan con el peso de un sistema que parece haberse olvidado de ellos.

En medio de la incertidumbre y el dolor, los padres como Javier y Ruth no piensan rendirse. Su lucha es por el derecho de sus hijos a vivir una vida plena, y por el derecho de sus familias a no ser abandonadas en el proceso. La pregunta que resuena entre ellos es clara: ¿Y ahora qué hacemos? Y la respuesta, por ahora, sigue sin llegar.