El Colegio de la Abogacía pide a los funcionarios "modular" sus movilizaciones

El Decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Andrés de Diego, ha llamado a los funcionarios de la administración de justicia a "modular sus movilizaciones en un momento muy complicado para la Justicia" tras varios meses de huelgas por las reivindicaciones primero de los Letrados de la Administración de Justicia, de Jueces y Fiscales y ahora por el cuerpo de funcionarios

Según ha destacado, la huelga de enero a marzo de los letrados y el conflicto de los funcionarios judiciales desde abril "están produciendo retrasos que, en algunos casos, van a llegar a más de un año de demora añadida a la que ya teníamos".

El Colegio, que reconoce el derecho de huelga de los funcionarios para reivindicar mejores condiciones laborales, ha recordado el "derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas", que, a su juicio, "debería modular" las medidas de conflicto que plantean.

El decano se ha referido a los datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ponen de manifiesto que en Cantabria ha habido una disminución de ingreso de asuntos del 15,5% en el primer trimestre del año.

En su opinión, esto significa que los ciudadanos "no están yendo a los tribunales a reivindicar sus conflictos" y ha advertido que estos datos "se van a agravar mucho en este trimestre y se irán agravando conforme vaya pasando el año".

Asimismo, ha indicado que la plataforma VEREDA en Cantabria ha recibido un 57% menos de notificaciones desde que estos conflictos están vigentes, a lo que se suma el "daño añadido" de que los abogados desconocen hasta llegar al juzgado si el juicio se va a celebrar o suspender.

Finalmente, ha señalado que a los abogados los retribuyen sus clientes "porque el trabajo se realice", por lo que de no ser así no cobran. En Cantabria ejercen la abogacía 1.250 profesionales que ven con preocupación una situación que en otras provincias de España ha llevado a cerrar algunos despachos.

"Les pido --a los funcionarios-- que sean sensibles a una situación en la que nos encontramos que está paralizada la justicia, que está afectando a los ciudadanos, a los profesionales y que si tenemos que esperar hasta septiembre u octubre para que se conforme un nuevo gobierno, no sé si vamos a ser capaces de aguantar todo este periodo sin actividad judicial en el país", ha dicho De Diego.

Además de una pronta vuelta al trabajo, desde el Colegio se recuerda a los partidos políticos la necesidad de un pacto de Estado por la Justicia que incluye diversas propuestas.

La primera de las medidas es una gobernanza "incluyente" con protagonismo de la abogacía. También reclama recursos materiales y personales, así como una racionalización organizativa de los juzgados y un expediente electrónico unitario.

Además, el sector pide que las resoluciones judiciales se cumplan y ejecuten para hacer efectivo el crédito de los abogados, y la conciliación laboral y familiar de los profesionales.

En el ámbito de la justicia gratuita, reivindica una nueva regulación que permita que los ciudadanos que carezcan de recursos estén dotados de una asistencia letrada a través de abogados "formados" y "debidamente retribuidos".

También solicita una regulación del derecho de defensa, que estaba pendiente de su aprobación y "se ha ido al traste" con la convocatoria del proceso electoral, y de mecanismos de solución de conflictos alternativos a los tribunales para paliar la carga de trabajo; y una regulación específica de los diversos procedimientos.

"Llamamos la atención sobre la extremada gravedad que presenta la justicia asociada a los conflictos que estamos sufriendo", ha insistido De Diego, cuya situación trasladará a la futura presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y al responsable del departamento.