Salvar Torrelavega contra una Zona de Bajas Emisiones restrictiva: "Muy por debajo de lo exigido"

Torrelavega se enfrenta a un dilema que divide opiniones y despierta preocupaciones entre sus habitantes. La propuesta de establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) ha desatado una serie de controversias y ha llevado a la Plataforma Salvar Torrelavega a presentar más de una decena de alegaciones contra la ordenanza que pretende regular su funcionamiento.

La plataforma, representante de una parte significativa de la población, argumenta que la propuesta carece de medidas que faciliten la movilidad urbana, como la creación de suficientes plazas de aparcamiento disuasorios, y no tiene en cuenta las particularidades del municipio en cuanto a la calidad ambiental. Además, critican el carácter recaudatorio de la medida y la falta de un análisis exhaustivo de su impacto económico y social.

El portavoz de la Plataforma, Ángel Herreros, destaca que la propuesta está basada en un proyecto redactado por una empresa externa, lo que, a su juicio, la invalida desde su origen. Herreros señala que uno de los puntos más controvertidos es la instalación de cámaras que, además de controlar el acceso a la ZBE, funcionarán como radares para sancionar los excesos de velocidad, lo que para muchos refleja un enfoque más orientado hacia la recaudación que hacia la mejora del medio ambiente.

El descontento se intensifica con la perspectiva de multas durante todos los días del año y las 24 horas del día, lo que, según la plataforma, demuestra un afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. Se cuestiona la necesidad de sancionar de manera tan rigurosa, especialmente considerando que aún no se han finalizado las obras de infraestructura necesarias para mitigar los efectos de las restricciones de estacionamiento.

Las alegaciones presentadas también señalan irregularidades en los datos utilizados para delimitar la ZBE, lo que pone en duda la validez técnica de la propuesta. La Plataforma argumenta que los datos de aforo de vehículos y de contaminación acústica no reflejan adecuadamente la realidad de las zonas afectadas, lo que socava la legitimidad de la ordenanza.

La discrepancia entre los comerciantes y el Ayuntamiento es evidente. Mientras que para muchos de los primeros las restricciones propuestas son excesivas y podrían tener un impacto negativo en la actividad económica de la ciudad, el Consistorio defiende la necesidad de tomar medidas drásticas para cumplir con los estándares ambientales exigidos por la Unión Europea.

En medio de este debate, Salvar Torrelavega reclama una solución menos invasiva que garantice la protección del medio ambiente sin sacrificar la movilidad y la actividad económica. La plataforma aboga por la búsqueda de alternativas que promuevan una convivencia armoniosa entre la preservación ambiental y el desarrollo urbano.

En última instancia, el futuro de la Zona de Bajas Emisiones en Torrelavega queda en manos de las autoridades municipales, que deberán tomar en cuenta las preocupaciones y sugerencias de la ciudadanía para encontrar un equilibrio justo y sostenible en la gestión de la movilidad y el medio ambiente en la ciudad.