El 'caso Circuito de Albacete' queda archivado definitivamente

Finalmente y después de casi nueve años, la titular del juzgado de instrucción número uno de Albacete, ha decidido sobreseer el caso Circuito de Velocidad, en el que su director gerente, Andrés Sánchez Marín, y el jefe de administración, Antonio Martínez, fueron imputados tras la denuncia en 2013 de varios extrabajadores.

Hace unas semanas (12 de noviembre) ya te contamos primero en COPE que la Fiscal había solicitado el archivo del caso, de la misma forma que hoy te anticipamos que la juez ha cerrado el asunto sin observar delito alguno en las actuaciones. Esta circunstancia, la del sobreseimiento, se produjo hace ya algunos días, pero, dado que había que esperar unos días a que se presentara algún recurso a su decisión, no ha sido hasta ahora cuando se puede dar por terminado este episodio que no ha hecho más que ensombrecer esta instalación y su verdadero cometido que es el de organizar carreras.

El honor de las personas

Según ha podido saber COPE, el director-gerente del Circuito de Albacete, el expiloto Andrés Sánchez Marín, se encuentra tranquilo y aliviado tras el archivo de la causa, aunque después de una instrucción tan larga, de tantas acusaciones y grandes titulares, después de tan escasos apoyos, el desgaste físico y mental es evidente y es obvio que ni el carpetazo al proceso puede restituir la merma que sobre la honorabilidad o la salud de los inicialmente acusados se ha producido.

El propio gerente y el jefe de administración, Antonio Eugenio Martínez, tienen abiertas las puertas de la justicia para reclamar esos daños y perjuicios, pero puede más el cansancio de lo vivido o la pereza ante una Justicia tan lenta, que devolve ese honor perdido.

Los antecedentes

Recordamos que el pasado 12 de noviembre, en COPE Albacete explicábamos que la Fiscal del caso había solicitado ya el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.

En un escrito remitido a las partes explicaba que no encontraba argumentos para sostener la acusación de los delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa o irregularidades en los contratos con Dorna.

Textualmente, ese escrito indicaba que "...tras una larga instrucción, que se ha prolongado durante varios años,... esta representación se ratifica en lo que en su momento manifestó, en relación con la calificación ab initio de meras irregularidades sin relevancia penal de una gran parte de los hechos puestos en manifiesto en la denuncia".

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Sobre los contratos de urgencia adjudicados para obras en el Circuito, se indicaba que les atañe la legislación administrativa y que no tuvieron reparo alguno de la intervención o la secretaría del Consorcio y concluyeía: "En definitiva no existiendo indicios suficientes que nos permitan afirmar que las facturas abonadas no tuvieran su origen en el pago de obras menores, tampoco puede afirmarse que su contratación no se ajustara a lo establecido en el art. 95 de la Ley de Contratos del Sector Público...".

Y acerca de los contratos suscritos con Dorna para la organización de pruebas como el FIM CEV Repsol o el Europeo de Motociclismo, la Fiscalía sostenía que "el informe policial encargado para la revisión de los contratos no observa irregularidad alguna".

Recordamos que la denuncia procedía de marzo 2013, cuando algunos de los extrabajadores de la instalación, despedidos un año antes, presentaron documentación por si fuera constitutivo de algún delito.