Castilla-La Mancha

CastillaLa Mancha defiende el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como un acuerdo político de primer nivel que protege a las víctimas

Castilla-La Mancha defiende el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como un acuerdo político de primer nivel que protege a las víctimas

Gobierno de Castilla-La Mancha

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Tal y como ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en el transcurso de la Conferencia Sectorial, “es necesario hacer un enorme esfuerzo para consolidar y ampliar la financiación para luchar contra las diversas formas y manifestaciones de la violencia machista”.

Blanca Fernández también ha defendido que la Ley de Libertad Sexual tiene que garantizar la financiación para la protección y atención de calidad de las víctimas.

Madrid, 24 de octubre de 2022.– Castilla–La Mancha ha defendido el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como un acuerdo político de primer nivel que protege a las víctimas. Así lo ha subrayado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla–La Mancha, Blanca Fernández, en el transcurso de la Conferencia Sectorial de Igualdad que se ha celebrado hoy en el Senado y donde ha manifestado que es necesario hacer “un enorme esfuerzo” para consolidar y ampliar la financiación para luchar contra las diversas formas y manifestaciones de la violencia machista.

“De cara a la reedición del Pacto de Estado, hay que tener claro que, si queremos atender adecuadamente todas las necesidades de las víctimas de los distintos tipos de violencias machistas, necesitamos fondos suficientes para ello”, ha dicho la consejera.

En conjunto, Castilla–La Mancha recibirá 23 millones de euros del Gobierno de España para luchar contra la violencia de género y promover la corresponsabilidad. Esta cantidad se repartirá de la siguiente manera, por un lado 6,2 corresponden al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con los que el Gobierno de Castilla–La Mancha viene desarrollando diferentes proyectos y programas tanto para prevenir y luchar contra la violencia de género, así como para proteger a las mujeres víctimas, sus hijas e hijos. Por otro lado, un millón más se destinará a apoyar a las mujeres víctimas de agresiones sexuales y a la asistencia psicológica a menores; mientras los 16 millones restantes irán al Plan Corresponsables.

En relación con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Castilla–La Mancha ha pedido su ampliación, incluyendo la cantidad destinada a la atención a víctimas de agresiones sexuales, “como otra forma de violencia machista que es”, ya que la futura Ley del ‘sí es si’ establece una serie de obligaciones a las comunidades autónomas para la atención a estas víctimas, que Castilla–La Mancha cifra entre cinco y seis millones de euros anuales, según ha detallado la consejera.

En todo caso, Blanca Fernández ha valorado la agilidad en el reparto de los fondos finalistas para 2022, así como “el incremento notable, aunque insuficiente, de los fondos para atender a víctimas de agresiones sexuales, que, siendo superiores, siguen siendo cinco veces menos de lo que necesitaría Castilla–La Mancha para una asistencia y protección de calidad”.

Por todas estas circunstancias, Castilla–La Mancha ha solicitado que se le tenga en cuenta en el diseño de los próximos ejercicios de los fondos del Pacto de Estado.

En cuanto al Plan Corresponsables, Castilla–La Mancha volverá a contar este año con 16 millones para seguir impulsando la puesta en marcha de servicios de apoyo a las familias de Castilla–La Mancha con hijas e hijos menores de hasta 16 años.

En 2021, Castilla–La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma de España que desarrolló este Plan que ha facilitado a los más de 600 ayuntamientos, que se quisieron adherir al mismo, la puesta en marcha de servicios flexibles que responden a las necesidades reales de las familias y, en particular, de las mujeres.

Para finalizar, Blanca Fernández, en representación del Gobierno regional, ha destacado “positivamente” el trabajo del Ministerio de Igualdad, la apuesta por la corresponsabilidad y “el compromiso político por realizar los esfuerzos presupuestarios para responder a las nuevas necesidades que se van planteando”.

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