El Gobierno regional destina cuatro millones para contratar a 48 profesionales que refuercen la protección de la infancia y la adolescencia ante la violencia

Estas 48 personas conformarán 24 equipos que reforzarán el trabajo que vienen desarrollando los Servicios Sociales de los municipios. Cada equipo contará con dos personas: una licenciada en Psicología y otra con perfil de Trabajadora Social o de Educadora Social.

La consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, ha subrayado la importancia otorgada a la contratación de profesionales con formación en Psicología habida cuenta de la preocupación del conjunto de la ciudadanía por la salud mental de la infancia y la adolescencia y más aún en los casos que sufren situaciones de abandono, abusos e incluso violencia.

Toledo, 12 de abril de 2023.– El Consejo de Gobierno autorizó en su reunión de ayer un programa temporal de empleo por importe de cuatro millones de euros para contratar a 48 personas funcionarias interinas con el fin de poner en funcionamiento 24 equipos de refuerzo a los equipos de Atención Primaria de Servicios Sociales “para que estén especializados en apoyo para la protección y prevención de la violencia entre menores o hacia menores de edad”.

Así lo ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, que ha indicado que de esta manera se da un impulso a la implementación de la Ley Orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) para lo cual el Gobierno regional está realizando todos los esfuerzos necesarios.

Y es que, tal como ha reflexionado la consejera al respecto, “uno de los problemas más grandes que tenemos como país es la violencia o la desatención que se ejerce contra los menores, en muchas ocasiones en el ámbito familiar, por lo cual es más difícil de detectar”. Por esta razón, la legislación actual recoge la necesidad de reforzar los equipos de Atención Primaria de los Servicios Sociales para garantizar una intervención integral de cara a la prevención, con el fin de que no se produzca, y también la detección para intentar proteger a la persona menor que se ve afectada.

Este programa se financiará a partes iguales entre el Gobierno de España y el de Castilla–La Mancha, de forma que, hasta finales de año, ambos ejecutivos aportarán 2.471.000 euros, a razón de 1.235.000 euros cada uno. Esta cantidad se incrementa hasta los 4.003.252 euros para abarcar el período del contrato que va desde el 17 de abril de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.

Con estos cuatro millones se contratarán 48 profesionales que conformarán 24 equipos “que reforzarán el trabajo que ya vienen desarrollando desde los Servicios Sociales de nuestros municipios”, en palabras de la consejera, que ha detallado que cada equipo contará con dos personas: una licenciada en Psicología y otra con perfil de Trabajadora Social o de Educadora Social en función de la zona que atienda.

Preocupación por la salud mental de la infancia

Al respecto, la consejera ha subrayado la importancia otorgada a la formación en Psicología habida cuenta de la preocupación del conjunto de la ciudadanía por la salud mental de la infancia y la adolescencia y más aún en los casos en que sufren situaciones de abandono, abusos e incluso violencia.

“Por tanto, ha sido muy importante la incorporación de 24 psicólogos y psicólogas para hacer incidencia en un problema que nos preocupa mucho porque ya es grave que un niño o niña sufra violencia de cualquier tipo, pero muchas veces son más graves las secuelas que se mantienen a lo largo de la vida si no se trata a esa persona menor a tiempo, si no se le resarce y si no se está en un proceso de acompañamiento que es esencial para su recuperación”, ha explicado.

Además, Blanca Fernández ha señalado la “justicia de esta inversión”, dada la vulnerabilidad de este colectivo de población, “que no tiene voz”, para tener mayor eficacia y capacidad de respuesta frente a la violencia infantil y hacia la adolescencia y especialmente una protección en un ámbito cercano como son los servicios sociales municipales.

Este personal estará adscrito a las delegaciones de Bienestar Social y trabajará dentro de la estructura y en coordinación con los equipos o áreas a nivel provincial para ofrecer una atención integral y sin duplicidades. En la provincia de Albacete, se ubicarán en la ciudad de Albacete, La Gineta, Hellín, Munera y Villarrobledo. En la de Ciudad Real estarán en Villarrubia de los Ojos, Almadén, Puertollano, Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. En la provincia de Cuenca en Tarancón, Cuenca y Motilla del Palancar. En la de Guadalajara lo harán en Brihuega, Villanueva de la Torre; Jadraque, Guadalajara y Torija. Y en la de Toledo se localizarán en Talavera de la Reina, Torrijos, Toledo, Seseña y Villacañas.

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