El Gobierno regional y las entidades bancarias refuerzan las vías de colaboración en torno a la movilización de vivienda vacía

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, se ha reunido con representantes de las entidades bancarias con presencia en Castilla–La Mancha para conocer la hoja de ruta de éstas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios para cooperar en materia de ocupación ilegal de viviendas.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha avanzado varias medidas como la petición de una fiscalía antiocupación; la creación de un protocolo que permita compartir información y actuar de forma rápida si se produce una ocupación en una vivienda propiedad de una entidad bancaria; y la próxima reunión con fondos de inversión propietarios de viviendas en la región.

Toledo, 23 de febrero de 2022.– El Gobierno de Castilla–La Mancha y las entidades bancarias refuerzan las vías de colaboración en torno a la movilización de vivienda vacía en la región.

El jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García–Page, se ha reunido con representantes de las entidades bancarias con presencia en Castilla–La Mancha para conocer la hoja de ruta de éstas en torno a la movilización de sus activos inmobiliarios para cooperar en materia de ocupación ilegal de viviendas.

En este contexto, el consejero de Fomento ha asegurado que “el Ejecutivo autonómico quiere contar con la implicación y la colaboración de estas entidades financieras” y ha puesto el acento en que han podido compartir con ellas el Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas.

En este sentido, el consejero de Fomento ha asegurado que las entidades financieras “han podido corroborar nuestra intención, la intención del presidente de Castilla–La Mancha de plantear incluso una fiscalía antiocupación que permita unificar y que permita que los trámites y los procesos sean homogéneos en toda España a la hora de poder abordar en el proceso jurídico un planteamiento de unidad y un planteamiento integral en toda España”.

Además, Nacho Hernando ha avanzado que “vamos a elaborar y vamos a definir en las próximas semanas un protocolo que nos va a permitir identificar y definir los interlocutores entre las entidades financieras, la SAREB y la Comunidad Autónoma, mecanismos para poder compartir un diagnóstico certero y rápido para poder comunicarles de forma muy rápida cuándo y dónde se están produciendo ocupaciones ilegales para que esas entidades financieras puedan actuar, en la medida de lo posible, así como una hoja de ruta de acciones que nos permitan de una forma conjunta evitar la ocupación ilegal; o si ya se ha producido, poder resolverla”.

Asimismo, el responsable de Fomento ha asegurado que “vamos a solicitar una reunión a los principales fondos de inversión que son los actuales y auténticos propietarios de muchas viviendas en la región que consideramos que tienen que estar en el mercado de la vivienda a precios asequibles y no vacías, siendo una tentación para quienes hacen de la ocupación ilegal un negocio”.

Política antiocupación en Castilla–La Mancha

Castilla– La Mancha ha sido la única Comunidad Autónoma que ha aprobado un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. Con este proyecto legislativo se pretende impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal.

Asimismo, el Gobierno regional ha puesto en marcha un novedoso Programa de Alquiler con Garantías Especiales que constituye un modelo alternativo a la regulación de los precios del alquiler. El propósito del programa es movilizar vivienda vacía para incorporarla al mercado en régimen de alquiler con precios asequibles, contribuyendo así, a materializar el derecho a la vivienda de aquellas personas que tienen dificultades para poder pagar el precio del alquiler determinado por el mercado en algunas zonas de Castilla–La Mancha. Con este programa se pretende estimular el mercado a través de incentivos al propietario de una vivienda. Para ello, el Gobierno regional fija las rentas máximas de alquiler al que se deberán acoger las viviendas que formen parte del programa y asume el coste del seguro de impagos, de desperfectos del hogar y defensa jurídica durante un año.

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