Los ganaderos de León y Asturias enfrentados por los terrenos del Puerto de Pinos

El conflicto del Puerto de Pinos que ha provocado el enfrentamiento entre ganaderos leoneses y asturianos, siguen más vigente que nunca. Para entender este conflicto, hay que remontarse al año 1926, cuando Mieres adquirió estos terrenos cerca de 900 hectáreas a través de una subasta.

Desde entonces 1500 cabezas de ganado procedentes de Mieres, pastan cada año en el Puerto de Pinos, lo que sigue provocando constantes enfrentamientos.

El juzgado contencioso administrativo número 1 de Oviedo ordenó al ayuntamiento asturiano cesar toda actividad ganadera era la comarca leonesa de Babia y ahora las juntas vecinales claman porque se cumpla esta sentencia y que la Junta tome cartas en el asunto.

El presidente de la Asociación Montaña de Babia y Luna, Carlos González-Antón, afirma que esta sentencia “supone un punto de inflexión” al declarar que “un Ayuntamiento asturiano no puede prestar competencias a sus ganaderos dentro de Castilla y León”, al tiempo que “refleja que la Junta de Castilla y León y sus órganos competentes en la materia no están ejerciendo la defensa de sus competencias, ni de la ganadería y las entidades locales”.

Por este motivo, el letrado considera que, mientras que “las entidades locales están defendiendo solos la economía de León y la montaña leonesa desde 2006”, la resolución “tiene que ser política” para “impedir que Mieres siga teniendo propiedades dentro de Castilla y León que usa para el desarrollo de la economía asturiana de forma ilegal y además a sabiendas de ello”, aunque “hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida por parte de las administraciones territoriales autonómicas”.

Así, insta a la Junta de Castilla y León a “cumplir lo que prometió en 2006” y “aprobar un proyecto regional que incorpore la capacidad de expropiar estos terrenos para eliminar la presencia de Mieres en el Puerto de Pinos”. En caso de que el Gobierno autonómico “no ejercite sus competencias a corto plazo”, González-Antón advirtió que “se ejercerán acciones judiciales”, que podrían conllevar, por ejemplo, “un delito de prevaricación por omisión”.

Para el abogado, la única forma de resolver el conflicto es “expropiando la titularidad” de los terrenos, de forma que las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Presidencia “deben decirle a Mieres que no puede seguir arrendando los terrenos y, si sigue haciéndolo, declarar ese conflicto competencia y promover la anulación de todo contrato que realice”.

En este sentido, el alcalde de San Emiliano, David Marcello, depositó su confianza en que “todas las administraciones autonómicas y provinciales se pongan de acuerdo para intentar dar carpetazo a este proceso que va a cumplir cien años, ya que los terrenos fueron comprados por parte de Mieres en 1926, y que, aunque sea difícil de comprender, es un tema de competencias de un municipio en otra Comunidad Autónoma”, mientras que “la falta de unión de las administraciones de este lado ha provocado la dificultad y falta de visión de ciertas administraciones a la hora de encarar el problema”.

El Ayuntamiento de San Emiliano, celebrará próximamente un pleno extraordinario, al que acudirán las juntas vecinales, para exigir una reunión con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con el objetivo de que dé una solución al conflicto del Puerto de Pinos con el Ayuntamiento de Mieres, en Asturias, ya que de lo contrario “se acudirá a la vía judicial”.

Por su parte, el ganadero y alcalde pedáneo de Pinos, Leandro Hidalgo, quiso dejar claro que la sentencia del TSJ de Asturias "apoya lo mismo que hicieron los anteriores”, por lo que le solicitó a la Junta de Castilla y León que “la lleve a la práctica e inicie la expropiación” y que, mientras eso ocurre, “prohíba la subida de los ganaderos asturianos en la campaña 2025”, que normalmente comienza el 1 de junio, para lo que el Gobierno autonómico “es quien le tiene que dar las guías, al ser la única que tiene las competencias”.

El Ayuntamiento de Mieres puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero el abogado Carlos González-Antón se mostró convencido de que “será inadmitido”, ya que esta “está perfectamente argumentada en esfuerzo claro de justificación y no dejar ningún resquicio a que se siga desarrollando la actividad”.