Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

UGT exige la dimisión del subdelegado del Gobierno en Palencia

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, concluye que Subdelegación vulneró el derecho fundamental de reunión de los trabajadores del CTR al no autorizar dos concentraciones durante las pasadas fiestas de San Antolín

Manuel Lobejón

Palencia - Publicado el - Actualizado

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UGT y CCOO han valorado la sentencia firme del TSJ por el recurso presentado por los sindicatos en la Sala de lo Contencioso Administrativo tras la denegación de autorización, por parte de la subdelegación del gobierno, de las concentraciones de los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) que los sindicatos pretendían llevar a cabo en la ciudad. 

Según el sindicato. “Cabe destacar que la solicitud de la convocatoria de las concentraciones se realizó formalmente el día 23 de agosto con vistas a celebrarse los días 27 y 28 del mismo mes. Con ellas, los representantes sindicales querían denunciar la falta de entendimiento en la negociación de las condiciones laborales de los empleados del CTR. Y es que la misma sentencia recoge que “a reunión pacífica y sin armas no necesita autorización previa salvo lo dispuesto en lugares de tránsito público que puedan ocasionar graves alteraciones en el lugar de celebración”.

De hecho,según señalan desde UGT solo es preciso notificar la hora, el lugar y el recorrido en el que va a discurrir dicha concentración a efectos de organización práctica.

“Aunque la subdelegación advirtió que la convocatoria coincidía con la celebración de las Festividades de San Antolín de la ciudad, tal y como explica la sentencia en la pág. 8 de la misma, para poder prohibir una concentración o restringir el derecho de reunión, no basta la mera sospecha de que aquella produzca una alteración del orden público, sino que, quien adopta esta decisión, debe poseer datos objetivos suficientes y fundamentar los motivos que provocan la limitación, y más aún, la prohibición de las concentraciones y se deniegue la autorización pertinente por la imposibilidad de adoptar las medidas preventivas suficientes”,

Para Gorka López, secretario de UGT Palencia, de ninguna manera, se razona o justifica suficientemente en la argumentación que la subdelegación ofreció al juzgado como respuesta al recurso presentado “fue frívola, inaudita y peligrosa”. De igual manera, ha descrito como “abusivos los servicios mínimos requeridos y ha exigido la dimisión del subdelegado”.

Por su parte, la secretaria de CCOO Palencia, Elena Villamediana, ha recalcado que no entendían que se considerase “una concentración peligrosa” teniendo en cuenta que todas las movilizaciones que venían celebrándose lo hicieron “en perfecta sintonía con las FFSS”.

Además, en la solicitud se detallaba que las concentraciones rondarían las 50 personas, aunque podrían haberse sumado quienes así lo estimasen oportuno de manera espontánea y eventual a lo largo del recorrido, como ocurre en cualquier manifestación pública, pero la Administración, en lugar de ofrecer alternativas, decidió prohibir la iniciativa sindical sin ofrecer modificación ni tratar de llegar a un acuerdo con los convocantes.

Por eso, las organizaciones sindicales han advertido que “la decisión de la subdelegación vulneró un derecho fundamental al que pueden acogerse no solo los sindicatos, sino cualquier organización en nuestro país y que, como tal, se encuentra recogido en nuestra Carta Magna y, en consecuencia”, y para UGT, la única manera de compensar las consecuencias de esta mala decisión “es la dimisión del actual subdelegado de gobierno en Palencia para que no vuelva a ocurrir algo así porque sentaría un peligroso precedente”. CCOO no se ha sumado a esta petición.

RESPUESTA DEL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

Por su parte, el Subdelegado del Gobierno en Palencia, Ángel Miguel, pedía disculpas señalando que ha sido un hecho aislado y "excepcional".

"Nos hemos equivocado, pero la negativa se hizo basándose en unos informes que desaconsejaban su autorización por motivos de seguridad", aseguró argumentando que en ese momento se solicitaron los informes correspondientes tanto al Ayuntamiento como a la Policía, y en uno de ellos se señalaba "un peligro potencial para las personas", lo que llevó a tomar dicha medida.