Las claves de la nueva ley con la que Castilla y León amplía la protección a las víctimas de violencia machista

Castilla y León amplía la protección a las víctimas de violencia machista al incorporar en la nueva ley más formas de violencia contra las mujeres y diferentes medios de ejercerla como la digital y tecnológica, la vicaria o la de segundo orden. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de una norma que sustituirá, una vez salga del parlamento, a la actual Ley de 2010. La consejera de Familia, Isabel Blanco ha destacado la importancia de proteger a las mujeres víctimas de violencia de género, a su familias, a su entorno y hacerlo con más servicios. “Ninguna mujer, que lo necesite, se quedará sin ayudas”. 

Destaca que se trata de una ley moderna con el objetivo principal proteger, ayudar, prevenir y sensibilizar, según la vicepresidenta. El anteproyecto legislativo incide en la prevención y en la detección precoz como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género y se ha esperado para la aprobación a contar con toda la normativa marco tanto estatal como europea para evitar modificaciones posteriores.

En total, 78 organizaciones y un centenar de profesionales han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley que se estructura en cinco títulos, 69 artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Se trata de un texto que busca seguir evolucionando y adaptar la ley autonómica a la realidad actual y a la nueva normativa internacional, europea y nacional dictada en los últimos años.

La confección de este texto se sustenta en tres pilares. El primero es la propia actualización de la norma para dar encaje en ella a la realidad social vigente. Esto supone regular las nuevas formas de violencia de género que han ido emergiendo en los últimos años y, en consecuencia, extender el paraguas protector a las víctimas.

En segundo lugar, el texto incide en la prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género. Tareas en las que implica al conjunto de la sociedad civil –para consolidar una cultura de rechazo hacia la violencia de género– y al propio agresor –al que convierte en destinatario de medidas preventivas, de sensibilización y atención–.

El tercer hito de la nueva norma es la modificación de los modelos de atención a las mujeres víctimas, al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro más avanzando que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de su autonomía personal y la restitución de sus derechos vulnerados.

Se amplía la protección

El ámbito de aplicación de la norma se extiende y, con ello, se amplía la protección. Así cita expresamente a niñas y adolescentes en situación de violencia de género, pero también a los menores que se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia, así como a los familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive que convivan con ella. Bajo el paraguas de esta ley figuran también las mujeres castellanas y leonesas retornadas que hayan sido víctimas de violencia de género en otro país.

El anteproyecto tipifica nuevas formas de violencia de género y actualiza otras para adecuarlas a la realidad social. Dentro del primer bloque, cabe destacar la ‘violencia digital’, es decir, la que se ejerce utilizando las tecnologías de la información y las redes sociales, donde se enmarcan actitudes como el ciberacoso, las ciberamenazas, la ciberdifamación, la pornografía no consentida, los insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, el control o espionaje a través del móvil y cualquier herramienta digital (redes sociales, webs, foros, correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea…), la difusión de datos personales o documentos íntimos en la red, la coacción para obligar a la víctima a facilitar claves personales, la usurpación de su identidad en línea y las amenazas de violación y de muerte.

Otra de las modalidades introducidas en el texto legislativo es la ‘violencia vicaria’, que comprende la que se ejerce sobre los hijos y familiares o allegados a la mujer, sean menores o mayores de edad, por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia, con la finalidad de causarles perjuicio o daño.

La tercera tipología nueva es la llamada ‘violencia de segundo orden’, que incluye los actos de violencia física o psicológica, represalias, humillaciones y persecuciones ejercidas sobre las personas que apoyan a quienes sufren la violencia de género, así como las acciones que impidan la prevención, detección, atención y recuperación de las víctimas.

Además, se prevé como un tipo de violencia diferenciada del tráfico y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la propia explotación sexual de mujeres y niñas para la obtención de beneficios de cualquier tipo mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima en el ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de actividades con fines sexuales, incluidos actos pornográficos o la producción de material pornográfico.

Incorpora el concepto de violencia contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye las actuaciones como la mutilación genital, el matrimonio forzoso, la esterilización forzada y el aborto forzoso que restrinjan el libre ejercicio de estos derechos.

Prevención y detección precoz

El anteproyecto incide en la prevención y la detección precoz como “herramientas fundamentales” para avanzar en la lucha contra la violencia de género.

La ley determina que la Junta aprobará, cada cuatro años, un plan integral de “sensibilización y prevención” que abordará, entre otros aspectos, un estudio diagnóstico de la situación, la identificación y recopilación de las buenas prácticas y experiencias en materia de prevención y erradicación de la violencia de género, acciones para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres y la modificación de patrones sexistas, la prevención de todas las formas de violencia y desigualdades de género y la elaboración, implantación y actualización de protocolos de actuación en diversos campos.

Este plan recogerá también medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos, tales como el sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y de los medios de comunicación, al tiempo que se impulsará la inclusión de módulos sobre la detección y atención a las víctimas de violencia de género en cursos que organicen instituciones públicas y privadas.

La detección busca identificar, analizar y diagnosticar situaciones de “riesgo y vulnerabilidad”, así como evitar que les causen daños efectivos. Para ello, se recogen pautas de actuación referidas específicamente a la detección de la violencia en las esferas sanitaria, educativa, de los servicios sociales, laboral, deportiva y local.