Un juez declara nula una sanción del Ayuntamiento de Barcelona contra Idealista por presunta discriminación

El consistorio estableció una multa de 90.001 euros por un caso de racismo en un anuncio de alquiler

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Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Barcelona ha declarado nula la sanción de 90.001 euros que el Ayuntamiento de la ciudad condal impuso a Idealista en octubre de 2019 por un presunto caso de discriminación y racismo en un anuncio publicado por una agencia inmobiliaria.

En la resolución se expone que el consistorio "está haciendo una interpretación extensiva del concepto de agente inmobiliario", ya que considera que Idealista es una plataforma neutra y pasiva y que son los usuarios los que publican los anuncios. "Idealista no encaja en la definición de agente inmobiliario del artículo 55 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya (LDV), puesto que es una plataforma neutra y pasiva, en la que son los usuarios quienes directamente publican sus anuncios, en ningún caso podrá mediar activamente entre dos personas o llevar a cabo una conducta activa".

También dictamina que el Ayuntamiento debió de haber dirigido a Idealista un requerimiento previo específico de retirada del anuncio "antes de exigirle cualquier responsabilidad, extremo que no fue realizado por la administración demandada, por lo que incurrió en la infracción de los preceptos indicados".

Por su parte, Idealista ha reprochado al Ayuntamiento en un comunicado "la campaña sistemática de desprestigio" que considera que la administración está haciendo contra la compañía y ha alertado de hasta ocho sanciones por considerarla una agencia inmobiliaria. Han acusado al consistorio de "manipular la interpretación" del artículo 55 de la LDV para sancionarles. Seis de las ocho sanciones están pendientes de resolución tras la presentación de recursos por parte de la inmobiliaria.

La resolución que contenía la sanción y que ahora se ha anulado es del 9 de marzo de 2020, pero el expediente sancionador se incoó en octubre de 2019. El anuncio en cuestión buscaba inquilinos para un piso, pero aceptaba solo candidatos con nacionalidad española.

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