vulnerabilidad

Más de un millón de hogares desprotegidos en España frente al corte de suministros por la derogación del decreto ómnibus

Se podría vivir una oleada de interrupciones por impago nunca vista

El llamado decreto ómnibus incluía la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares acogidos al bono social eléctrico

Redacción COPE Barcelona

Barcelona - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

      
      
             
      

La no convalidación ayer del Real Decreto-ley 9/2024 puede conllevar terribles consecuencias para 1,6 millones de hogares vulnerabilizados. 

El efecto más inmediato: decae la protección frente al corte de suministros y, por tanto, podríamos vivir una oleada de interrupciones por impago nunca vista si la situación no se enmienda.

una situación inédita desde 2020, aunque los descuentos no caen del todo

Se ha generado una situación inédita, dado que desde marzo de 2020 la protección frente al corte se ha ido prorrogando periódicamente, evitando miles de cortes por impago en hogares vulnerabilizados. 

La solución es meridiana, "El Gobierno debería convocar cuanto antes un Consejo de Ministros extraordinario y aprobar un nuevo decreto ley que incluya exclusivamente las medidas del escudo social y no abra la puerta a que otros debates políticos puedan poner en riesgo su posterior convalidación". Explicaban las organizaciones sociales.

En materia energética, el llamado decreto ómnibus incluía la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares acogidos al bono social eléctrico (1.641.084, según las últimas cifras disponibles), así como descuentos ampliados del mismo bono social hasta finales de año. 

En este sentido, es necesario aclarar que dichos descuentos ampliados no decaen completamente, sino que pasan a ser los que se aprobaron en junio de 2024 mediante el Real Decreto-ley 4/2024.

      
             
      

Más de un millón de hogares están en situación de vulnerabilidad

"trilerismo con la necesidad"

La situación actual se debe, en parte, a la dinámica del Gobierno de ir prorrogando las medidas sin convertirlas en estructurales. 

La sociedad civil ha reclamado en múltiples ocasiones la necesidad de consolidar dichas medidas e integrarlas en la normativa sectorial (sector eléctrico, hidrocarburos y aguas) con carácter permanente. 

Hasta entonces, los hogares vulnerabilizados de todo el Estado estarán a merced de las dinámicas parlamentarias y las estrategias políticas.

      
             
      

A corto plazo, según estas organizaciones,  "el Gobierno debe evitar que la desprotección se prolongue a través de la aprobación de un nuevo decreto ley y las diferentes fuerzas parlamentarias (sobre todo PP y Junts) no deben poner obstáculos a su convalidación si sólo se incluyen medidas de carácter social. "

No obstante, Moncloa y especialmente el MITECO, siguen explicando, "deben abrir un periodo de reflexión y apostar por la consolidación de las medidas: los derechos no se prorrogan, se garantizan permanentemente". 

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