Los Mossos echan al propietario de una casa y se la devuelven a un okupa con una prueba ridícula

En los últimos años, el fenómeno de la okupación ilegal de viviendas ha generado un intenso debate en España, tanto en el ámbito social como en el político. 

Según los datos más recientes proporcionados por el Ministerio del Interior, el número de denuncias por okupación ha experimentado un notable crecimiento, pasando de alrededor de 10.000 casos en 2016 a superar los 16.000 en 2023, una cifra que refleja una tendencia ascendente en ciertas regiones del país.

cataluña lidera la incidencia

Cataluña se posiciona como la comunidad autónoma con mayor incidencia, concentrando cerca del 40% de los casos registrados, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid. Este aumento ha llevado a muchos propietarios a buscar medidas de protección adicionales, como la instalación de sistemas de seguridad avanzados o la contratación de servicios legales especializados.

Los defensores de los derechos de los okupas argumentan que, en muchos casos, estas acciones son una respuesta a la crisis habitacional y a la falta de acceso a una vivienda digna. 

Por otro lado, los propietarios afectados denuncian los largos procesos judiciales y la indefensión que sufren frente a una legislación que consideran insuficiente para proteger sus derechos.

El gobierno ha planteado recientemente iniciativas legislativas para agilizar el desalojo de viviendas okupadas, especialmente aquellas que no son el hogar habitual de los propietarios, como segundas residencias. Estas propuestas, sin embargo, han generado divisiones entre los diferentes grupos parlamentarios y la sociedad civil.

El fenómeno de la okupación sigue siendo un tema complejo que pone de manifiesto la necesidad de equilibrar el derecho a la propiedad con el derecho a una vivienda digna, en un contexto marcado por la desigualdad económica y la falta de soluciones habitacionales efectivas.

un caso alucinante en girona

Un caso de ocupación ilegal ha dejado a Jordi Riera, un vecino de Girona, ya su familia en una situación de desesperación e indefensión. Han sido víctimas de una usurpación por parte de desconocidos, un suceso que ha evidenciado las carencias de la legislación vigente y la falta de respaldo institucional frente a este tipo de problemas. 

Además, el gobierno municipal de Girona, compuesto por la CUP, Esquerra y Junts, ha respondido de manera poco contundente.

Según relata Riera, todo comenzó cuando se encontraban en la vivienda, que había estado desocupada pero mostraba signos de haber sido ocupada previamente, como el daño a una pared construida tras un intento anterior de usurpación. 

Mientras inspeccionaban el estado del inmueble, un grupo de hombres intentó entrar por la fuerza. Aunque lograron impedirlo, los intrusos comenzaron a proferir amenazas, lo que llevó a la familia a contactar con el 112 y pedir la intervención policial.

La familia había acudido a la vivienda para iniciar unas obras tras meses de espera por la licencia del Ayuntamiento de Girona. Este retraso burocrático dejó la casa cerrada, aunque protegida, durante un largo período, lo que facilitó la ocupación.

la policía permitió la okupación gracias a precario vídeo

A pesar de haber alertado a la policía, se permitió que los ocupantes ingresaran en la vivienda. Una vez dentro, comenzó a aplaudir de manera provocadora, humillando a los propietarios. 

La única evidencia que mostró para justificar que aquella era su casa fue un vídeo en el que aparecían cocinando con unas ollas. 

El hecho de que no presentaran ningún contrato, reconocieran haber forzado la puerta para entrar y que los propietarios mostraran incluso las escrituras del inmueble no tuvieron ningún efecto. 

La policía informó a Jordi que tenían las de perder en un caso de "violación de domicilio" —de su propia vivienda— y que incluso podrían ser detenidos.

okupantes nada precarios

Los ocupantes, que vestían de forma elegante y portaban teléfonos móviles de alta gama, fueron identificados por la policía. Algunos de ellos llevaban pasaportes marroquíes.

La situación se agravó durante la noche. Según relataron los vecinos, escucharon golpes y ruidos de derrumbes dentro de la vivienda, lo que incrementó la preocupación por el estado del inmueble y el temor de que otras personas también hubieran ingresado. 

"Nos han informado de que incluso ha entrado más gente. Ahora mismo, desconocemos qué está ocurriendo dentro de nuestra propiedad", declaró Riera.

Obstáculos burocráticos que complican el proceso

A partir de ese momento, Riera y su familia comenzaron a enfrentar numerosos obstáculos burocráticos y administrativos que dificultaron aún más su situación. 

Después de presentar una denuncia en el juzgado de guardia de Girona, se les informó de que no eran los afectados únicos. Ese mismo día, otras dos ocupaciones estaban siendo procesadas. Sin embargo, Riera manifestó su indignación por la lentitud del sistema: "Han pasado 24 horas y el juzgado aún no ha recibido el atestado policial", afirmó.

Además, al intentar obtener más información en la Policía Municipal, les comunicaron que debían declarar antes de continuar con el trámite, algo de lo que nadie les había informado previamente. "Nos dijeron que el atestado sería remitido a los Mossos, pero que estos solo llevan los casos de ocupaciones a los juzgados los miércoles", añadió Riera, subrayando su frustración por la ineficacia del procedimiento y la falta de una respuesta firme por parte de las autoridades.