Tener un "chivato": La nueva ley que deben cumplir las empresas

El día 1 de diciembre, entró en vigor la Ley 2/2023 para la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En ella se desarrolla que las empresas que tengan más de 50 empleados deberán crear un canal "seguro y anónimo" para que los empleados puedan denunciar irregularidades normativas.

Coloquialmente "el chivato"

Coloquialmente, la ley crea la figura del "chivato", a través de la cual se puede informar sobre un caso de corrupción en el seno de la empresa en cuestión.

No se trata de una novedad como en el ordenamiento jurídico, pues hasta ahora las empresas mayores de más de 250 empleados ya tenían que disponer de este canal. Lo que cambia es que la figura llega ahora empresas de más de 50, que supone un porcentaje mucho mayor del tejido empresarial español.

Multas de hasta un millón de euros

Además, la ley establece la obligación de las empresas de garantizar la confidencialidad de los denunciantes, y lo que puede ser incluso más relevante, proteger a los informantes y denunciantes frente a represalias. De no cumplir con todo este desarrollo legislativo, las empresas se exponen a multas de hasta 1.000.000 de euros.

¿Cómo funciona?

Las compañías tendrán que dotarse de un sistema informático para que se puedan cursar las denuncias y una persona que las gestione e investigue su veracidad. Debe ser un empleado externo o alguien interno de la empresa. En algunas compañías esta faceta la ha asumido el responsable de Recursos Humanos, pero se recomienda que se gestione a través de un especialista externo a la compañía, para evitar conflictos de interés.

La nueva ley introduce la exigencia de que el canal de denuncias esté abierto no solo para empleados, sino también para terceros ajenos a la organización, tales como clientes, proveedores o, incluso, la competencia de la empresa.

La parte legal

Además de las herramientas informáticas y la persona encargada del canal, las compañías también deben encargarse de diseñar la parte legal para la implantación del canal de denuncias. En el caso de que se reciba una denuncia, la compañía debe abrir un proceso de investigación en el que se aclare si se ha producido un caso de corrupción o hay indicios delictivos.

(ESCUCHA AQUÍ LAS EXPLICACIONES SOBRE COMO FUNCIONA EL CANAL DE DENUNCIAS)

¿Qué pasa si incumples la ley?

Desde el próximo 1 de diciembre, las compañías que no hayan implementado el canal de denuncias pueden enfrentarse a sanciones muy severas. Las multas pueden llegar a ser de hasta un millón de euros y las empresas pueden enfrentarse a sanciones complementarias, como la prohibición de obtener subvenciones durante un plazo de hasta cuatro años o la imposibilidad de contratar con el sector público hasta tres años.