La agricultura avisa de un regreso a las protestas: "Repetir lo vivido en febrero"

Se vivieron cortes de calles y accesos a espacios comerciales, que dejaron icónicas imágenes, y se completó con un cierre de la frontera con Francia. Fue el culmen de unas protestas del mundo agrario a nivel nacional ante una competencia desleal y que ponía en vilo el mantenimiento del sector primario de la provincia.

Un hecho que se solventó en nuestro país con un acuerdo de máximos por parte del ministerio. Más de 30 puntos que 6 meses después parece que han quedado en agua de borrajas.

Nos lo explica Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos, ALIV, y que junto a SEPRICAS son los representantes provinciales en UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes que este pasado jueves presentó en numerosas delegaciones de gobierno una solicitud para reunirse con el ministro Luis Planas: “Vimos la esperanza de resolver nuestros problemas y así fue. Ursula Von Der Leyen dijo que retiraba la ley de usos sostenibles de fitosanitarios así como se paralizaba la ley de restauración de la naturaleza. Pero una vez nos retiramos de las calles todo ha seguido su curso y algunas se han aprobado”.

La cuestión, analizar las políticas que hay en marcha, y demandando más protección al producto local en cuestiones como, por ejemplo, la política fitosanitaria: “Nuestro ministro está poniendo en marcha el plan de reducción de uso de fitosanitarios cuando ya se ha cumplido el 50% exigido por Europa, ya que hemos llegado al 58. No se entiende como en España seguimos apretando el acelerador. A nosotros nos vigilan mucho la producción pero las relajan afuera”.

Porque desde la publicación de esa lista de acciones, la verdad está siendo más que diferente. Viciedo pone un ejemplo claro, con la vecina provincia de Teruel como protagonista: “En zonas protegidas pueden ir macroproyectos renovables pero la agricultura que está en simbiosis con la naturaleza tiene que ir fuera. Es una barbaridad total”.

Por ello, tanto desde ALIV como UNASPI ya apuntan a la necesidad de impulsar medidas, como una ley que dote de mayor protección comunitaria al producto europeo frente al llegado de terceros países.

Señala Viciedo que “hace falta una ley para darle carácter jurídico a la preferencia comunitaria. Porque aunque era un principio ahora se ha perdido por los acuerdos comerciales”.

Éstas son las peticiones realizadas de momento de manera formal. En caso que no haya respuesta para poder reunirse, el siguiente paso será volver a lo que vimos hace 9 meses: el campo saldrá a la calle: “Vamos a decidir las acciones a hacer. 21 asociaciones no son suficientes para mover toda España. Aprovecharemos este tiempo para que se sume más gente y que se pueda repetir lo vivido en febrero”.

Lo que espera en todo caso Viciedo es que, tal como pasó en febrero, sea una protesta comunitaria, como defensa a un sector que vive en continuo riesgo: “Tiene que volver toda Europa a la calle sino la agricultura desaparecerá”.