Un experto explica si llegarán ayudas o no a la zona catastrófica del edificio de Campanar

El Gobierno de España ha declarado este martes zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que antes se conocía como zona catastrófica, el edificio destruido por el fuego en el barrio valenciano de Campanar.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, afirma que el coste económico de esta medida no se ha podido cuantificar todavía, pero que el Gobierno estima que será aproximadamente de unos 6 millones de euros.

Manuel Castellanos, abogado experto en responsabilidad civil, reconoce en COPE que la ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, es la que recoge esta declaración y que “pese a que es poco habitual que se dé en una finca, sí que está dentro de la legalidad”.

¿Por qué se ha declarado zona catastrófica?

En el preámbulo de la ley podemos leer que “la vulnerabilidad de las personas en nuestra sociedad ante las múltiples y complejas amenazas de catástrofes naturales, industriales o tecnológicas es menor que hace treinta años, por la influencia de las políticas públicas que se han aplicado desde entonces, basadas en esencia en un gran desarrollo de los sistemas de alerta, la planificación de las respuestas y la dotación de medios de intervención. El descenso del número de víctimas a consecuencia de las catástrofes es una realidad, pero las consecuencias destructivas de bienes o transportes o dañosas para el medio ambiente se han ido incrementando sin cesar por la influencia de factores potenciadores de las amenazas”.

Pese a que de forma habitual esta ley suele recoger incendios forestales, inundaciones o catástrofes relacionadas con fenómenos meteorológicos, su finalidad es que “los servicios públicos protejan a los afectados, entonces en las definiciones habla de peligros vulnerabilidad, amenazas, riesgos, catástrofe y servicios esenciales”, relata.

Castellanos pone el foco en la vulnerabilidad en la que han quedado las familias afectadas; “aquí han ido hacia la vulnerabilidad, lo que dice define la ley es que la característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias”. La vulnerabilidad en la que se ha basado el Gobierno de España es “la multitud de afectados que se han quedado sin un derecho fundamental, que es el de la vivienda, entonces esto es lo que ha pesado”.

El abogado pone como ejemplo otros casos como el del edificio Windsor o el de Alcalá 20, donde hubo 81 fallecidos, pero “en este caso hay muchas familias que se han quedado sin hogar”.

Que lleguen las ayudas

Tras este anuncio, el Estado, “en teoría debe de proveer de unos fondos para que estas ayudas lleguen a los afectados y espero que lleguen, porque ya sabemos lo que pasó en el volcán de La Palma, que se anunciaron las medidas a bombo y platillo porque esto políticamente está muy bien, pero luego las ayudas tienen que llegar”.

Castellanos afirma en Mediodía COPE Más Valencia que “en muchas ocasiones las ayudas no llegan como tiene que llegar o con la agilidad que deberían” e insta a preguntar a “los vecinos de La Palma”. El experto en responsabilidad civil alerta además de que esas ayudas “deben dotarse de fondos suficientes, tienen que ser de fácil acceso y sobre todo que la burocracia no se coma esas ayudas; hay tantos formularios que rellenar, tantos requisitos que cumplir que al final, las ayudas, llegan tarde y mal”.