El Parlamento Europeo aprobará este martes la reforma de la nueva PAC

El Parlamento Europeo (PE) aprobará definitivamente este martes en Estrasburgo (Francia) la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027, un voto que cierra tres años y medio de negociaciones, con 390.000 millones de euros en juego, 47.000 para el campo español.

El Pleno de la Eurocámara ratificará la nueva PAC, consensuada por las instituciones de la Unión Europea (UE) que incentivará las prácticas agrícolas medioambientales y otorga más responsabilidad a los países comunitarios en la gestión de las ayudas.

El debate y voto del PE, con participación remota de los eurodiputados por las medidas frente al coronavirus, es el último paso antes de la entrada en vigor de la nueva PAC, si bien la normativa se aplicará en 2023 y entre tanto la UE aplica un reglamento transitorio para evitar la interrupción de las subvenciones.

España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC y será el tercer receptor de fondos agrícolas, detrás de Francia (1) y de Alemania (2).

La culminación de la reforma llega en un momento especial, después de tres años de discusiones (desde 2018) y una pandemia, y en medio de una emergente crisis global por el coste de las materias primas, sumada a la emergencia climática.

Además, el voto de los europarlamentarios se produce con el anuncio reciente, en España, de movilizaciones de las organizaciones agrarias, ante los problemas del campo, precisamente por el encarecimiento de la electricidad, piensos o gasóleo, y la falta de rentabilidad.

NOVEDADES VERDES EN EL ACUERDO

La negociación de la reforma ha transcurrido en paralelo a las discusiones de la propuesta “De la granja a la mesa”, enmarcada en el Pacto Verde europeo, proyecto estrella de la Comisión Europea (CE) para alcanzar la neutralidad climática en 2050, pero que plantea un incremento de los requisitos para el agricultor y el ganadero.

Entre los cambios de la PAC, destaca la introducción de los llamados “eco-esquemas” o pagos que supondrán un 25 % de las ayudas directas, otorgados a prácticas beneficiosas para el medio ambiente.

La nueva PAC también implanta los planes estratégicos nacionales, con los que la UE da más margen a los países comunitarios. Los Estados miembros deberán discutir con sus regiones (Comunidades Autónomas en España) sus planes estratégicos y presentar una propuesta antes de final de año, según ha estipulado la Comisión, que deberá analizarlos y, en su caso, aprobarlos, durante el primer semestre de 2022.

De hecho, en estos momentos los Gobiernos ultiman esos programas nacionales para remitirlos a la CE antes del 31 de diciembre; en España, su discusión interna ha sido tirante, con discrepancias sonadas entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas.

Los eurodiputados debatirán y aprobarán concretamente tres reglamentaciones de la PAC: una sobre las normas de financiación, otra sobre los planes estratégicos nacionales y otra sobre la organización común de mercados.

LA DIMENSIÓN SOCIAL

Por primera vez la PAC incluirá una "condicionalidad" social, lo que significa que solo las explotaciones que respeten los derechos laborales recibirán ayudas agrícolas, lo que empezará a aplicarse con carácter voluntario a partir de 2023 y obligatorio desde 2025.

Los Gobiernos repartirán al menos el 10 % de las ayudas a las explotaciones agrícolas más pequeñas y los países tendrán que explicar en sus planes estratégicos cómo planean hacerlo.

La nueva PAC fijará un nuevo nivel mínimo obligatorio de apoyo a los jóvenes agricultores, del 3 % de los presupuestos de los países para el apoyo a la renta.

Dentro de los planes de desarrollo rural -cofinanciados por los países para actividades distintas o complementarias a la agricultura- al menos el 35 % de las ayudas serán para actuaciones medioambientales.

El acuerdo que ratificará la Eurocámara introducirá una nueva reserva agrícola para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis, con un presupuesto anual de al menos 450 millones de euros.