Absolución total en el caso de la planta solar Núñez de Balboa

El exalcalde de Usagre y su equipo son exonerados de todos los cargos en el polémico proyecto energético

Planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en Badajoz.

José Luis Lorido

Badajoz - Publicado el

2 min lectura

Tras un intenso debate jurídico, la Audiencia Provincial de Badajoz ha emitido un fallo histórico al absolver a todos los acusados en el caso de la planta solar Núñez de Balboa. El exalcalde de Usagre, Antonio Luna, su teniente de alcalde, Dolores Esteban, así como la empresa promotora y el propio ayuntamiento han sido exonerados de los cargos de tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación que pesaban sobre ellos.

La Fiscalía acusaba a los implicados de haber concedido de manera irregular las licencias necesarias para construir la que iba a ser la planta fotovoltaica más grande de Europa. Sin embargo, el tribunal ha considerado que no existen pruebas suficientes para respaldar estas acusaciones. Los acusados, por su parte, siempre han mantenido su inocencia, asegurando que actuaron conforme a la legalidad vigente y siguiendo los consejos de los técnicos municipales.

En una decisión sorprendente, el juez ha concluido que no se han cometido irregularidades en la tramitación del proyecto. De esta forma, se pone fin a un largo proceso judicial que ha generado gran polémica en la región. La absolución de los acusados supone un duro golpe para la Fiscalía, que había solicitado penas de prisión e inhabilitación para los implicados.

Este fallo judicial tiene importantes implicaciones, no solo para los acusados, sino también para el sector de las energías renovables. La construcción de grandes plantas solares se ha convertido en una cuestión controvertida en muchos municipios, y este caso ha puesto de manifiesto las dificultades que pueden surgir en la tramitación de estos proyectos.

Es importante destacar que, aunque los acusados han sido absueltos de los delitos penales, la planta solar Núñez de Balboa sigue siendo objeto de controversia. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya había ordenado su desmantelamiento en 2022, una decisión que aún está pendiente de ejecutar.