Consenso en Lugo para reclamar juicios rápidos en procesos por violencia contra las mujeres

La Audiencia Provincial de Lugo ha convocado este jueves una reunión de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género, con el objetivo de mejorar la respuesta institucional que se les da a las víctimas, y en ella se ha puesto de manifiesto la necesidad "de celebrar juicios rápidos en eta materia para agilizar los casos".

Al encuentro han asistido la presidenta en funciones de la Audiencia Provincial, la jueza decana, la secretaria coordinadora provincial, la jueza titular, la jueza de Adscripción Territorial y la letrada de la Administración de Justicia del juzgado que lleva los asuntos de violencia contra la mujer en el partido judicial.

También el fiscal jefe de Lugo y representantes del Colegio de Abogados, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, Local y Autonómica, de la Subdelegación del Gobierno, de la delegación territorial de la Xunta, del Concello de Lugo, de los centros penitenciarios de Bonxe y Monterroso, del Imelga, de la Oficina de Atención a la Víctima y de una asociación contra la violencia de género.

Los asistentes se han mostrado de acuerdo en la necesidad de tramitar gran parte de los casos de violencia de género para que sean enjuiciados como juicios rápidos. De esta forma, opinan, se agilizarían los procedimientos.

Otras medidas

Además, han acordado intentar reducir los tiempos de espera de las víctimas, de los menores y de los detenidos cuando se desplazan al órgano judicial para la práctica de diligencias.

En el mismo encuentro, entre otras cuestiones, también han abordado la necesidad de que tanto los agentes de policía como los de la Guardia Civil les reiteren a las víctimas que tienen derecho a atención psicológica fuera del horario de la Oficina de Atención a la Víctima.

Además, le plantearon a la Xunta que que esas intervenciones fuera de horario sean presenciales -en la actualidad son telefónicas- como sucede en otras ciudades de Galicia.

Otro de los asuntos que han demandado los asistentes a las administraciones públicas fue la necesidad de incrementar el número de cursos para condenados por violencia de género, doméstica y sexual, que están en muchos casos obligados a realizar por resoluciones judiciales,.

En la actualidad, a pesar de la alta demanda, solo son impartidos por el Servicio de Gestión de Penas, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).