Casi dos mil ganaderos gallegos, asturianos y castellanos reclamarán a las lácteas por el pacto de precios

El secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, ha informado de que alrededor de 1.800 ganaderos gallegos, así como de Asturias y de Castilla León, se han sumado ya a la demanda colectiva que prepara el sindicato contra las industrias lácteas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) por pactar durante años los precios de la leche.

En declaraciones a Cope Lugo, García aclaró que los servicios jurídicos del sindicato son los únicos que “tienen acceso en la Audiencia Nacional” a toda la documentación del proceso que derivó en el fallo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en julio de 2019, dado que UU.AA estuvo personado en la causa desde el primer momento.

En el citado fallo quedó probado que las empresas transformadoras de leche intercambiaron información, a nivel nacional y regional, sobre el precio de la leche, el volumen de compra y los excedentes, entre los años 2000 y 2013, lo que provocó que los ganaderos se viesen obligados a vender su producción a un precio menor, con el consecuente perjuicio patrimonial.

Según Roberto García, si todos los ganaderos perjudicados reclamasen el dinero que han dejado de percibir por ese pacto entre las industrias del sector, la cantidad que tendrían que devolver esas empresas se acercaría “a los 315 millones de euros”.

Ahora, el objetivo del sindicato es que antes del 11 de julio, fecha límite para presentar la reclamación, se sume a esa demanda el mayor número de ganaderos posible.

Recordó que el sindicato tiene “a nueve abogados” trabajando para los afiliados, de modo que los “ganaderos no arriesgan nada y no tendrán que pagar ningún anticipo”, tan solo el “10% de lo que consigan recuperar”, para amortizar los gastos generados por el proceso.

“Pero no el 30% que cobran algunos despachos de abogados ajenos al sector” que también preparan demandas contra las industrias lácteas, dijo García.

Además, recordó que en estos momentos ya “no está en duda” si las empresas tienen o no que pagar esas indemnizaciones, sino “cuantificar” a cuánto ascienden.

En todo caso, precisó que no “serán inferiores al 10%” del valor del producto adquirido por las industrias a esas explotaciones.