RELACIONES XUNTA-GOBIERNO CENTRAL

Galicia espera a conocer cómo se implanta el cupo catalán para decidir si recurre

Galicia recurrirá la ley de amnistía por ser "contraria a una serie de principios constitucionales" y espera a ver los pasos del Gobierno central con la financiación de las comunidades

Paula Pájaro Rives

Santiago - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

      
      
             
      

El curso político en Galicia empieza con recurso a la vista: el que plantea la Xunta por la ley de amnistía del gabinete de Sánchez.

La "batalla" judicial se planifica desde la asesoría jurídica de la administración autonómica y, en este caso, la prepara la recientemente creada Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais.

Desde este organismo defienden que esta norma es contraria a los principios constitucionales como la separación de poderes: "Que nos afectan también a la comunidad autónoma. En eso basamos nuestra legitimación jurídica para el recurso. La ley atenta contra principios como el de la igualdad, seguridad jurídica, introducción de la arbitrariedad…" Habla la Directora Xeral, Isabel Concheiro.

No hay plazos, por ahora, para saber qué ocurrirá con esta ley de amnistía, pero parece que esto va para largo: "Por las declaraciones del Tribunal Constitucional parece que va para largo porque la idea es resolver primero determinadas cuestiones planteadas a nivel europeo para poder dictar sentencia. Yo pienso que esto va a tardar".

¿RECURSO CONTRA EL CUPO CATALÁN?

A la Directora Xeral le hemos preguntado por la financiación autonómica. ¿Qué pasos seguirá la Xunta con el tratamiento singular de Cataluña? El gobierno gallego ha denunciado públicamente que la singularidad de Cataluña afecta a Galicia de modo negativo porque supondría que esa comunidad deje de aportar al sistema común.

Desde una perspectiva jurídica, el gobierno gallego espera a ver si es posible establecer un régimen diferenciado para Cataluña, sin modificar la Constitución. Y, si se hace, la igualdad de los españoles ha de respetarse: "La Constitución exige que el sistema de financiación garantice un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales a nivel de todo el Estado o que exista un equilibrio económico adecuado y justo entre los diversos territorios". Así que Concheiro insiste en que, lo que se regule en este ámbito, tiene que ajustarse a la Carta Magna.

      
             
      

CONFRONTACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL

La creación de esta área en esta legislatura ha sido motivo de crítica política. Hay quien ve en esta dirección xeral un departamento creado para confrontar con el gobierno central. Concheiro no comparte esa perspectiva: "No lo veo así, realmente. Desempeñamos una serie de funciones que siempre se desempeñaron. Velan y se materializan en garantizar que las normas del Estado no invadan competencias estatales y se ajusten al ordenamiento constitucional".

Apela a la lealtad y colaboración como tónica en las relaciones bilaterales de ambas administraciones.