La vivienda pública, "a buen ritmo" para alcanzar el objetivo de 8.000 inmuebles en esta legislatura

La provincia de Pontevedra es la que registra un mayor número de demandantes de vivienda protegida en toda Galicia, algo más de 8.500. La mayoría de esa demanda llega de la ciudad de Vigo, concretamente el 32,2 por ciento de las de toda Galicia, según datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo.

Para ayudar a movilizar vivienda, ponerla en el mercado, la Xunta ha planificado una hoja de ruta ambiciosa: 4.000 de promoción pública en esta legislatura, para duplicar el parque público de nuestra comunidad. Según la Conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, las obras van a buen ritmo: "A moi bo ritmo. Temos xa en diferentes fases de execución máis de 1.500 vivendas de promoción pública". Y ha puesto el ejemplo de las que se están construyendo en el polígono de Navia, en Vigo o en Xuxán, A Coruña.

Esto en cuanto a vivienda pública. Con todo, la acción del gobierno autonómico tiene más ejes: buscan la promoción de vivienda de protección oficial. Esa que sale al mercado con precios tasados o la reducción de la burocracia. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó que se van a reducir a la mitad los plazos de tramitación del nuevo suelo residencial para viviendas protegidas, bajo el amparo de la figura de proyecto de interés autonómico; se facilitará la conversión de locales comerciales en viviendas sin necesidad de modificar el Plan General de Ordenación Municipal y se otorgará durante un plazo de tres años la cobertura legal para recuperar los edificios inacabados durante la crisis económica.

Una serie de medidas con las que la Xunta busca avanzar en el compromiso de duplicar el parque público residencial en la presente legislatura hasta llegar a los 8.000 inmuebles y facilitar el acceso a la vivienda a la población, en especial a los colectivos más vulnerables.

La Conselleira lamenta que, de los 200 millones anunciados por Pedro Sánchez para las comunidades, para el bono de ayuda al alquiler de los jóvenes, a Galicia le correspondan poco más de 11 millones y sean para dos anualidades: "Cantidade ínfima que non acada nin o 1% dos posibles beneficiarios. O que lle pedimos é unha modificación das bases porque ten unha tramitación moi pouco flexible que dificulta que os mozos poidan acceder a esas axudas".

COMUNICACIÓN "INEXISTENTE" ENTRE XUNTA Y MINISTERIO DE TRANSPORTES

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, se mostraba receloso, en las últimas horas, con el traspaso de la AP-9 a la Xunta de Galicia pese a la proposición de ley que se está tramitando en el Congreso tras la unanimidad en el Parlamento gallego. Puente alerta de que el encaje jurídico de esta transferencia se antoja "tremendamente difícil". 

Durante su comparecencia monográfica sobre la AP-9 en el Congreso, Puente ha recordado que la infraestructura pertenece a la red de carreteras del Estado al estar integrada en un itinerario de interés general. El Ministro avisa de un "difícil" encaje económico y jurídico para llegar a unas bonificaciones del 100% de los ingresos de la autopista, ya que en la práctica equivaldría a rescatarla, lo que es "inasumible" para la Administración

María Martínez Allegue, la conselleira de planificación de infraestructuras, decía en COPE que la comunicación con el ministerio es inexistente. Recuerda que ha solicitado en dos ocasiones reunirse: "A comunicación é inexistente. Temos solicitado en dúas ocasións a reunión co Ministro para falar de moitas cuestións, non só da transferencia, pero tamén das vías que discorren pola nosa comunidade e do seu estado de conservación".