Una vecina de Vigo recibe el ingreso mínimo vital y estas son las consecuencias que sufre: "Error"

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en uno de los subsidios más importantes por su alto número de beneficiarios. Pero también en un regalo envenenado para muchos perceptores de esta ayuda, que han recibido cartas de la Seguridad Social cancelando cobros indebidos y reclamando cantidades en ocasiones difícilmente asumibles para personas en estado de vulnerabilidad. 

Es el caso de Marga, una viguesa a quien la propia Seguridad Social concedió de oficio un Ingreso Mínimo Vital cuya cuantía calculó mal y que ahora le reclama.

"Cuando empezó la pandemia, yo estaba cobrando algo que le llaman los puntos por hijo menor a cargo de la Seguridad Social. Entonces, al llegar la pandemia, la Seguridad Social nos mandó una carta a las personas que cobrábamos esa ayuda diciéndonos que iba a desaparecer y que en su lugar nos iban a conceder una ayuda que se llamaba el Ingreso Mínimo Vital", rememora Marga en una conversación con COPE.

la carta

Todo fue un bien durante un tiempo. Marga, que estaba en una situación difícil, fue cobrando puntualmente la cantidad que le correspondía hasta que un día todo se truncó: "De repente un día llega una carta diciendo que hicieron mal el cálculo en el año 2020 y en el año 2021 y que tengo que devolver dinero que me pagaron de más. El importe eran 3.000 y pico euros, más o menos".

Marga reclamó a través de un abogado y el asunto quedó en nada. Un alivio, asegura, porque 3.000 euros es para ella "una cantidad enorme", más en ese momento que tenía únicamente un trabajo de media jornada y eran los únicos ingresos que entraban en su casa, junto a la pensión que le pasa su exmarido.  

Pero la cosa no iba a quedar ahí. El año pasado le llegó una segunda carta en la que la Seguridad Social aseguraba que se había equivocado en sus cálculos de 2022 y que tenía que devolver dinero. En este caso, la cantidad ascendía a algo más de 2.500 euros. Le informaban que se le iban a sacar 200 euros cada mes, lo que desde entonces ocurre cada mes inmediatamente después de que recibe su IMV. "Llevo pagando desde entonces porque se equivocaron", explica.

un subsidio concedido de oficio

Lo que le pasma, asegura, es que ella no pidió esta ayuda, sino que se la concedieron de oficio, y ahora ha perdido las ayudas que tenía antes y tiene que devolver todos los meses una cantidad que le dieron en su momento y que ahora no tiene. Además, está segura de que la cosa va a ir a peor: "Yo sé que el año que viene, en febrero, cuando acabe de pagar ese dinero que me están reclamando, me juego la cabeza a que me va a llegar una carta diciéndome que en el 2024 también se equivocaron", afirma. 

la reclamación

Marga, como muchos otros, ha reclamado. Y puede ganar, según el abogado especializado Manuel Peralta. 

Este profesional recuerda que ya hay dos sentencias del Tribunal Supremo del pasado abril que se basan en el principio de confianza legítima, es decir que el ciudadano confía en que la administración cuenta con técnicos competentes y capacitados y confía en la información que le transmiten y que, en este caso, esas prestaciones están concedidas correctamente. Así, el ciudadano, según ambas sentencias, "no que debe asumir ese error", siempre que se trate, claro, de "un error no provocado", es decir, cuando ese ciudadano ha proporcionado "toda la información de forma transparente".

Eso es precisamente lo que segura haber hecho Marga, así como otras personas afectadas y a las que defiende Peralta. 

"Es lo que ocurre en los casos con los que yo me estoy encontrando, la gente realmente no oculta información. A veces sí que es cierto que se produce un cambio de circunstancias desde la prestación hasta el momento en que la administración entiende que debería de haberse revocado esa prestación. Pero la gente, también en esa confianza legítima, entiende que igual que se pusieron en contacto con ellos para conceder la prestación, la administración conocía esos datos y eran eran ellos los que tenían que hacer la revisión de oficio", afirma. 

En opinión de Peralta, ambas sentencias son "una puerta a la esperanza" y él mismo recurrirá todas las reclamaciones de prestaciones indebidas que, como la de Marga, se le pongan por delante.

Peralta incide en el hecho de que estas ayudas se hayan concedido de oficio y abunda que el error es de la administración, de modo que entiende que es ella la que ha de ponerle remedio, no los beneficiarios del IMV ya que una situación así genera "un trastorno económico porque cada uno dispone del dinero en la medida que lo tiene, y una vez que se ha dispuesto del dinero, pues le resulta imposible generar otra fuente de ingresos para poder devolver aquello que ya se gastó".

Los casos son numerosos en todo el país, pero la puerta a que sea la administración quien asuma ese coste está abierta.