La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja lanza sus propuestas para el próximo Gobierno regional

Ante las próximas elecciones municipales y autonómicas del domingo, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja explica en un comunicado que "la educación nunca se debe poner al servicio de intereses políticos o ideológicos, pero sí debe ser uno de los principales ejes vertebradores de cualquier Gobierno. En ese sentido, abogamos por políticas que partan del diálogo real y del respeto a las libertades fundamentales de todos los ciudadanos, a través del consenso con los principales actores de la comunidad educativa. Asimismo, insistimos en que las redes pública y concertada son complementarias y necesarias para conseguir una educación de calidad".

Por eso, como representantes de familias, docentes y titulares de los centros católicos concertados, "creemos que el Gobierno de La Rioja que se cree a partir de los resultados electorales del 28 de mayo debería asumir como compromiso lo siguiente":

1. Respetar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que prefieran y garantizar desde la Administración la igualdad real de oportunidades.

2. Implantar la educación gratuita de 0 a 18 años.

3. Respetar la identidad y autonomía de cada centro. Esto supone, entre otras cosas, la regulación respetuosa de la asignatura de Religión de acuerdo con su naturaleza académica, en igualdad de condiciones al resto de materias y como instrumento indispensable para la formación integral de la persona, objetivo esencial de la enseñanza.

4. Desarrollar un programa de formación del profesorado con actuaciones que se impartan de manera preferencial en los centros, en el horario de permanencia. La prioridad deberá ser la atención personalizada y la atención al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica; las relaciones interpersonales y la educación emocional; el Plan de Acción Tutorial y su labor de tutoría con el alumnado y sus familias; el trabajo desde las plataformas virtuales y el estudio de pedagogías alternativas, idiomas o digitalización, así como la acción tutorial.

5. Apostar con contundencia por la autoridad del profesorado. Este respeto debe ser trabajado a nivel cognitivo, emocional y conductual, mostrando y exigiendo conductas acordes a la identidad y proyecto educativo del centro, al plan de convivencia, a la cultura de La Rioja y a los valores democráticos de la sociedad en la que vivimos.

6. Ampliar y consolidar equipos de orientación interdisciplinares con profesorado especialista en los centros de todas las etapas educativas, especialmente de PT (Pedagogía Terapéutica), AL (Audición y Lenguaje) u Orientación y PTSC (Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad) con el objetivo de que cuenten con los diferentes profesionales de EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica) en igualdad de condiciones en las dos redes educativas de La Rioja sostenidas con fondos públicos.

7. Publicar en febrero el coste real -ejecutado- del puesto escolar de las dos redes de centros sostenidos con fondos públicos y los criterios que se han seguido en la dotación de recursos humanos y materiales. El ciudadano tiene derecho a saber con transparencia cómo se gastan sus impuestos y ver que se da una igualdad real de condiciones en lo que se refiere a recursos humanos y materiales.

8. Reforzar el profesorado para el alumnado con más dificultades y necesidades educativas, reduciendo las ratios y garantizando la igualdad en dedicación del profesorado de ambas redes para la programación, preparación, desarrollo y evaluación de su actividad docente. Esto supone que al final de la legislatura el profesorado de las dos redes sostenidas con fondos públicos estará en igualdad de condiciones en derechos laborales: mismo trabajo, misma carga lectiva y mismo salario.

9. Garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos cuenten con una dotación económica que les permita asegurar el funcionamiento del centro. El Gobierno de La Rioja se comprometerá a ajustar cada año la partida de “otros gastos” de los centros al coste real de las unidades.

10. Apostar por un pacto educativo que vele por una política educativa que respete las diferencias y prepare al alumnado para afrontar los desafíos del siglo XXI.