La Rioja rechaza la negociación bilateral del Gobierno Central con Cataluña por romper la Igualdad

El Gobierno de La Rioja rechaza la negociación "bilateral" del Ejecutivo central sobre una reforma que atienda las "singularidades" de Cataluña porque, entre otras cuestiones, quiebra los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

En el Consejo de Gobierno de esta semana, el Ejecutivo riojano ha debatido, precisamente, con preocupación la propuesta de la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Hacienda de una reforma del modelo de financiación autonómica que atienda las singularidades de Cataluña.

El objetivo no es otro que un pacto fiscal negociado de forma bilateral que supondría un privilegio para esa comunidad y un perjuicio para los ciudadanos riojanos. El Gobierno de La Rioja comparte la necesidad de revisar el modelo, pendiente de actualización desde 2009, eso sí, siempre y cuando se acometa de forma consensuada, transparente y multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y siga basado en los principios de igualdad y solidaridad.

Además, y dada la gravedad de este planteamiento, el Gobierno de La Rioja vuelve a reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia de Presidentes. Todavía no se han actualizado las entregas a cuentas, y el Estado tiene que transferir solo a La Rioja 300,5 millones de euros este año.

Por ello, La Rioja tratará de impedir una financiación que supondría ceder 15.000 millones de euros para una sola región, ya que quiebra dos de los principios constitucionales más básicos: la igualdad y solidaridad entre todas las comunidades, trasvasando recursos de las comunidades menos prósperas a una de las autonomías más prósperas, como es Cataluña.

El Gobierno de La Rioja, ha indicado que comparte la necesidad de reformar el sistema de financiación, que supone nada menos que el 80 por ciento de los ingresos ordinarios en las arcas públicas regionales, siempre y cuando se negocie con total transparencia el seno del CPFF y continúe sostenido en los pilares que garantizan la misma financiación para los servicios públicos en todas las autonomías.