PADRÓN 

El PP de Águilas pide tipificar como delito el empadronamiento fraudulento

Siguiendo el precedente de ayuntamientos como el de Lorca, que ya lo ha solicitado al Gobierno 

Antonio Montoro

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El PP de Águilas llevará al pleno municipal una moción para que el ayuntamiento reclame al Gobierno central la tipificación como delito del empadronamiento fraudulento, siguiendo el ejemplo de otros consistorio como el de Lorca. 

Los populares demandan que esa nueva tipificación contemple penas de privación de libertad y sanciones económicas proporcionales a los ingresos que se obtienen por esta infracción.

La concejala del PP Rosa Soler, ha dicho que el ayuntamiento de Águilas necesita dotarse de las herramientas y mecanismos legales necesarios “para continuar atacando prácticas de este tipo”.

Ha argumentado que el empadronamiento fraudulento “lleva camino de convertirse en uno de los grandes problemas de España, ya que se producen cuando una o varias personas se inscriben en un domicilio en el que en realidad no residen para poder tener derecho a beneficios fiscales, como ocurre en la Región de Murcia en materia de sucesiones porque el régimen fiscal es más ventajoso”.

También les permite a los defraudadores “obtener determinadas ayudas que ofrecen los ayuntamientos a través de Servicios Sociales o intentar acreditar una posible convivencia con otra persona para lograr beneficios de ser considerados como pareja de hecho”.

La edil ha defendido que la normativa actual “se ha quedado corta, obsoleta e incompleta y es el momento de actualizarla, porque la realidad social de las ciudades ha cambiado, pero los textos legales que tienen que ayudar a los ayuntamientos a perseguir estas prácticas no se han adaptado a este proceso”.

En Lorca el pasado septiembre el pleno municipal pidió al Gobierno de España que tipifique como delito el empadronamiento ilegal,  que ahora en el ordenamiento jurídico solo constituye una falta administrativa.

Según dijo entonces el alcalde, Fulgencio Gil, este acuerdo persigue la implicación del Ejecutivo en la resolución de “un problema muy grave” que afecta a muchos ayuntamientos, pero que tiene un importante peso en el caso del de Lorca.