Investigan a 18 personas por la captación de agua para uso agrícola mediante 51 pozos ilegales

La Guardia Civil ha instruido diligencias a 18 personas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de agua, en el marco de la operación 'Underwatter', dirigida a esclarecer la supuesta captación ilegal de aguas subterráneas de un acuífero de Mazarrón (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), comenzó en marzo de 2022 gracias a la colaboración ciudadana, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento de que un número indeterminado de personas estaba llevando a cabo extracciones ilegales de agua de la rambla de Ramonete, en Mazarrón.

Se trata de un acuífero declarado en situación de riesgo cuantitativo, por lo que su sobreexplotación podría causar un impacto negativo en los recursos hídricos. Desde ese momento, la Benemérita llevó a cabo una serie de reconocimientos, con medios terrestres y aéreos, que permitieron detectar la existencia de varios invernaderos agrícolas en la zona.

Guardias civiles del SEPRONA y técnicos de la CHS establecieron unos equipos conjuntos de trabajo para examinar las fincas. La inspección de 53 explotaciones agrícolas tuvo como resultado el hallazgo de 51 pozos ilegales y los correspondientes grupos electrógenos que permitían el funcionamiento de los motores de extracción. Algunos se encontraron en las propias fincas y otros en la misma rambla, propiedad del Estado, ocultos generalmente en zonas de difícil acceso o tapados con plásticos o chapas metálicas.

TERRENOS DE SECANO CONVERTIDOS EN FINCAS DE REGADÍO

Para comprobar el destino del agua, los agentes y los técnicos recorrieron las conducciones hidráulicas que salían de los pozos y descubrieron que el agua extraída era canalizada hasta los invernaderos, convirtiendo así terrenos de secano en fincas de regadío.

Los responsables de las infracciones penales se podrían enfrentar a penas de entre seis meses a dos años de prisión y multas de 10 a 14 meses, que podrían verse agravadas al tratarse de un acuífero en situación de riesgo cuantitativo.

A expensas del correspondiente informe pericial, la investigación ha puesto de manifiesto la sustracción de más 2,5 millones de metros cúbicos de agua y un daño económico al dominio público hidráulico superior a los dos millones de euros.

Las personas investigadas y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de Instrucción de Lorca.