Destapada una trama delictiva dedicada al uso ilegal de desalobradoras en fincas del Guadalentín

La Guardia Civil, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ha desarrollado en Mazarrón (Murcia) la operación 'Saladilla', una investigación iniciada en abril de 2021 para esclarecer unas supuestas prácticas ilegales relacionadas con la captación de aguas subterráneas.

La operación ha culminado con la investigación de tres personas como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas, según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Las actuaciones arrancaron en abril de 2021, cuando la CHS puso en conocimiento del Instituto Armado la existencia una desalobradora en funcionamiento y sin autorización ubicada en el paraje El Saladillo, en el término municipal de Mazarrón.

Guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) recabaron todos los indicios y localizaron una nave almacén donde supuestamente se encontraba la desalobradora y los pozos ilegales de donde se extraía el agua.

Las pesquisas practicadas permitieron averiguar que el propietario de la planta desalobradora ilegal utilizaba el agua para sus propios cultivos y, además, la vendía a terceras personas para el riego de explotaciones agrícolas ubicadas en terrenos de secano.

VERTIDO DEL AGUA A UNA BALSA SIN IMPERMEABILIZAR

Después de analizar las aguas de rechazo, que resultan de la desalobración de las aguas captadas ilegalmente y que eran vertidas sin control a una balsa sin impermeabilizar, los resultados arrojaron una alta salinidad, lo que, unido a su extracción masiva, ocasionaban tanto una sobreexplotación del acuífero de la zona, como la merma de la calidad del agua.

La investigación desarrollada permitió establecer un vínculo entre la persona que supuestamente llevaba a cabo la captación ilegal de las aguas subterráneas y las que la consumían, detectando que con esta práctica delictiva habrían abastecido cerca de 40 hectáreas de terreno de secano.

El Seprona ha culminado la operación 'Saladilla' con la investigación de tres personas y tres mercantiles de la Región de Murcia, como presuntas autoras de los delitos contra los recursos naturales y de usurpación de aguas.

El informe pericial estima el daño al dominio público hidráulico, junto al daño medioambiental, en un coste superior a los 100.000 euros.

Las personas investigadas y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del juzgado de Instrucción número 3 de Totana.

DELITO CONTRA LOS RECURSOS NATURALES

El Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.