La Guardia Civil implica a 20 personas y 5 empresas en extracción ilegal de agua

La Guardia Civil detenido a tres personas, investigado a otras 17 e implicado a cinco empresas agrícolas por la extracción y comercialización ilícital de 2 hectómetros cúbicos de agua subterránea de la rambla del Talayón, destinada a regar 125 hectáreas ilegales en los términos municipales de Lorca y Águilas.

Fuentes de la Benemérita han señalado que el grupo delictivo está acusado de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, defraudación, usurpación y receptación de aguas subterráneas.

Las actuaciones se iniciaron a finales de 2020, cuando guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) detectaron irregularidades en el uso de un pozo ubicado en la rambla del Talayón, del que se estaba extrayendo una cantidad ingente de agua.

Las primeras pesquisas practicadas permitieron comprobar que la infraestructura hallada carecía de los correspondientes permisos para ser usada en las distintas explotaciones agrícolas, extrayéndose el agua mediante un grupo electrógeno portátil ubicado a unos 100 metros del aprovechamiento, para lo cual usaban una derivación subterránea.

Los guardias civiles verificaron que el aprovechamiento había sido manipulado o instalado originariamente con fines ilícitos y de forma fraudulenta, contraviniendo las características de la concesión, dotándole de una tubería oculta bajo tierra, de unos 12 kilómetros de longitud, cuyo fin ha sido la extracción ilegal de agua.

Los guardias civiles siguieron las conducciones a través de tuberías que partían del mencionado aprovechamiento con diversas ramificaciones y tuberías soterradas de las cuales se ha podido constatar el abastecimiento de multitud de parcelas con cultivos de regadío en la zona, aunque esta superficie carecía de derecho a riego.

Durante la operación, los guardias civiles han inspeccionado 24 parcelas agrícolas con un total de 125 hectáreas de superficie, las cuales presuntamente estaban siendo regadas con dichos aprovechamientos, estimando la sustracción de alrededor de dos millones de metros cúbicos de agua del subsuelo.

La infraestructura estaba dotada por varios grupos electrógenos y varios kilómetros de tuberías que conducían el agua sustraída hasta las explotaciones agrícolas.

La elaboración del informe pericial ha concluido que la extracción de aguas clandestinas incrementa el riesgo de sobreexplotación del acuífero.

Además, se ha producido un cambio en los usos del suelo cercano a la explotación, pasando de cultivos de secano a regadío, que influyen en la contaminación de las aguas subterráneas causada por el empleo de abonos y productos fitosanitarios ligados al cultivo.

Asimismo, la explotación se halla situada sobre un espacio perteneciente a la Red Natura 2000, creada para proteger los recursos naturales ante la pérdida de biodiversidad.

La construcción de esta explotación y sus redes de distribución junto con la acentuación de la sobreexplotación supone una alteración de los hábitats de las diferentes especies que se asientan en el espacio, algunas incluidas en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (IUCN).

Por ello, tanto la extracción como las transformaciones agrícolas realizadas, debieran disponer de un estudio hidrogeológico específico para la minimización de su impacto ambiental.

Los efectivos del SEPRONA han comprobado que tras la trama destapada se encuentran varios delitos, como el de defraudación y usurpación de aguas como ilícitos principales, contra los recursos naturales y el medio ambiente, por daños por sobreexplotación al dominio público hidráulico subterráneo; y receptación de aguas usurpadas.

Los investigadores han constatado la existencia de un grupo delictivo en el que aparecen varias personas físicas y jurídicas, cuyo objetivo era la creación de un entramado de propietarios y agricultores que se dedican a la promoción de cultivos agrícolas de regadío, siendo la mayoría de los terrenos receptadores de la captación ilegal, de cultivo de secano sin autorización de la comunidad de regantes para riego de sus explotaciones agrícolas.

Durante la operación, los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han contado con la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Los detenidos e investigados, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Lorca