Nueve personas detenidas por la Policía Nacional por cometer la “estafa de la inversión”

Policía Nacional ha detenido a nueve personas como presuntas responsables de un complejo sistema de estafa, en el que se ofrecían a las víctimas altas rentabilidades en supuestas inversiones que nunca llegaban a realizarse. Se estima que la red criminal, afincada en Murcia y Alicante, habría estafado 1.180.000 euros.

La investigación, realizada por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, se inició el pasado noviembre, tras denunciar un hombre que había sido estafado y que había más víctimas que habían presentado denuncia en sede judicial por los mismos hechos.

Al parecer, el grupo criminal desmantelado ofrecía a las víctimas participar en diferentes tipos de inversión: desde inmobiliarias en el extranjero o energías renovables, hasta presuntas adjudicaciones de inmuebles en subastas judiciales, con grandes rentabilidades y con beneficios a recoger en menos de tres meses.

Personas de confianza de las víctimas

Estas inversiones se ofrecían a través de personas de confianza o incluso de cierto prestigio empresarial, con el objetivo de dar sensación de seguridad.

El sistema de estafa creado por este grupo criminal utilizaba un complejo entramado de empresas y cuentas bancarias, a través del cual recibían transferencias o pagos en efectivo de las víctimas, cantidades que oscilaban entre los 15.000 y los 70.000 euros, que después desviaban a cuentas de otras mercantiles controladas por la organización, desde donde las hacían desaparecer.

Asimismo, como medio para formalizar la supuesta inversión, el entramado criminal presentaba a las víctimas un “Contrato de Préstamo” en el que figuraban las condiciones y plazos de devolución del dinero entregado y su rentabilidad, sin especificar el objeto de la inversión. Con esta documentación, los ahora detenidos pretendían simular una relación contractual en lugar de una inversión, por lo que en caso de ser descubiertos se podría calificar como un incumplimiento de contrato en lugar de un delito de estafa.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para poder localizar nuevas víctimas que no hayan denunciado los hechos, así como para determinar la posible implicación de más autores de los hechos