Schlichting: "Los totalitarismos defienden que los principios estatales están por encima de los familiares"
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¡Muy buenos días, España! Que ya está aquí tu equipo de Fin de Semana y tenemos que felicitar a Carlos Sáinz, que ha ganado el tercer Dakar y probado que las ilusiones pueden permanecer intactas a los 57 años. Porque es la segunda parte, que va camino de sesenta este héroe de la felicidad y nos encanta ver a un aventurero remontando la vida con entusiasmo.
Menos ilusión nos da la determinada decisión del Gobierno de enfrentarnos los unos a los otros. Tenemos problemas en España, por ejemplo esas declaraciones hoy del golpista Oriol Junqueras, que afirma en El País que piensa volver a hacerlo: “Sí, lo volveremos a hacer -dice- desde los más estrictos principios democráticos lo que hicimos en otoño de 2017 estuvo bien hecho”. Cuando el periodista le pregunta si no engañaron a los catalanes prometiendo una independencia imposible, el dirigente de Esquerra, socio de Pedro Sánchez en la investidura, subraya literalmente -y me perdonáis- “Y una mierda. Y una puta mierda. Dijimos la verdad: que el procés tenía que acabar en la independencia”.
El mal hablado Junqueras concluye además que España depende de él y sentencia: “El apoyo a los presupuestos depende de los avances en la mesa de diálogo”. O sea, que la gobernabilidad depende de que avance la secesión en Cataluña. Y ya está ocurriendo. Acaban de abrirse tres embajadas catalanas en el extranjero. Otra vez. La de Túnez, la de Argentina y la de México. Justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha concluido que otras seis, cuyo cierre pidió Borrell en 2018, están bien cerradas. ¿Qué es esto? El Ejecutivo contra el Judicial. Pedro Sánchez deshaciendo lo que hizo con el 155.
Ayer hubo Consejo de Ministros, por segunda vez esta semana, y cabría pensar que de estos asuntos hablaban las tres ministras que concurrieron, pues no. Ellas estaban en el llamado pin parental, que ahora Pablo Iglesias, llama el pin Abascal.
De eso hablaron en el Consejo de Ministros. De una medida que Vox implementó en Murcia con apoyo del PP y Ciudadanos para asegurarse de que los padres aceptasen voluntariamente las asignaturas extracurriculares. Por ejemplo, la formación en las teorías de género LGTBI.
Para la ministra de Educación es inaudito que sean los padres quienes elijan la formación de sus hijos.
En realidad, llueve sobre mojado, porque fue esta señora la que dijo en un congreso de la escuela concertada que el derecho de los padres a educar a los hijos no está recogido en la Constitución.
Dominar la educación para adoctrinar la sociedad es más viejo que el hilo negro. Los totalitarismos siempre han defendido que los principios estatales están por encima de los familiares y es parte del programa bolivariano.
La excusa son los derechos del niño.
De fondo hay una perversa teoría, la del asesor del presidente, Ivan Redondo, de que enfrentando a dos sectores de la sociedad española se consigue aglutinar a la izquierda y potenciar el voto al Partido Socialista. Se trata de polarizar. En este caso, en torno a las ideas LGTBI. Ahora que los homosexuales y sus derechos se empezaban a configurar como parte de la normalidad en nuestra sociedad, pretende el Gobierno una guerra entre heteros y homosexuales, simplemente porque hay padres que no están de acuerdo con la elección de sexo, por ejemplo, asunto más que polémico incluso en la comunidad homosexual. El que no esté de acuerdo con las teorías de género de Irene Montero es homófobo.
Siempre ha sido así en las dictaduras. Si no estás de acuerdo con el régimen, se te purga. Eres hereje, eres disidente. El esfuerzo por polarizar empieza en este caso, como ha anunciado la ministra portavoz, en los tribunales.
O sea, la Generalitat abriendo embajadas en Argentina o en México y el Gobierno discutiendo con los padres de familia en los juzgados. Junqueras anunciando otro golpe en el periódico El País y los ministros empleados contra la libertad de educación. País, que decía el gran Forges.