Pedro Sánchez, a un paso de aprobar su "plan de regeneración democrática": "Se hace de espaldas a la ciudadanía"

Tras cinco días completamente desaparecido y que el presidente del Gobierno utilizó a modo de "reflexión personal", tras la investigación contra su esposa Begoña Gómez, acabaron con el compromiso de impulsar un "plan de regeneración democrática". Y ese día ha llegado: este martes, el Consejo de Ministros aprobará finalmente ese plan, que afectará fundamentalmente a los medios de comunicación. 

Rafael Rubio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y en 'Herrera en COPE' ha matizado que de momento estamos ante "fragmentos de discursos" y "filtraciones a la prensa", pero que todavía no se conocen los detalles de este plan "que tiene como objeto la libertad de expresión" o si, por el contrario, incluirá "otras medidas de supuesta regeneración democrática, como la ley de transparencia o reglamento del Congreso y Senado".

A juicio de catedrático, este plan de Sánchez tan solo es, de momento, "un gran globo propagandístico que habrá que concretar" y, ha agregado, "cada uno irá dando su opinión más bien de lo que le gustaría que fuera más de lo que va a ser". 

En cualquier caso, ya sea por el origen de este plan como por el procedimiento, "el plan nace lastrado".

"Si el origen es una respuesta a esa investigación y se adorna de calificativos, pone de manifiesto que el objetivo de la ley no es tanto una ley general, sino que tiene un objetivo concreto y pretende dar una respuesta legal a esas investigaciones. Además, si vemos el procedimiento de supuesta elaboración, es un plan democrático que se hace de espaldas a la ciudadanía que no ha sido fruto de ningún tipo de debate ni discusión", ha agregado Rubio.

Al fin y al cabo, ha opinado, este plan "es una protección del presidente y todo el Gobierno" y lo poco que conocemos de este reglamento, "se escuda en un reglamento aprobado por la Unión Europea a la que se le atribuyen una serie de objetivos que el reglamento no tiene".

Rafael Rubio considera que "no se pueden aprobar leyes específicas de casos concretos", ya que eso es "principio general del derecho".

Las leyes, ha apuntado, "deben responder a casos generales" y este caso en particular "es especialmente sangrante". 

"No solo es un caso particular, sino que afecta de manera directa al presidente y al Gobierno" y la legitimidad "de adoptar este tipo de medidas está en entredicho", ha concluido.