Los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, entre las claves de este miércoles

La justicia frena las prisas de los beneficiarios por la amnistía

El relato en los diarios es el de los primeros movimientos del juez instructor Llarena, del Supremo, de la Audiencia Nacional y del Tribunal de Cuentas que es el primero que ya ha preguntado a la justicia europea si es amnistiable la reclamación que mantiene de tres millones de euros a 35 acusados de organizar con dinero público el referéndum ilegal de independencia de 2017.

Y los fiscales del uno de octubre que le han dicho al fiscal general, García Ortiz, que no van a acatar la orden de aplicar automáticamente la amnistía por ser contraria a la ley. Un fiscal general dice el mundo desprovisto de toda autoridad moral que fuerza otro grave choque con unos fiscales que ya no le respetan. Y añade que para Sánchez, los jueces y los fiscales autónomos son incómodos obstáculos.

El juez Llarena mantiene la orden de arresto a Puigdemont hasta tramitar la amnistía.

Y cómo va a influir todo esto en una investidura en Cataluña absolutamente incierta. De momento, mucho tacticismo en los primeros movimientos y ya se apunta a un primer debate de investidura, obligado en dos semanas, que podría ser fallido e incluso no llegar a celebrarse aunque sí cuente para activar el reloj y los dos meses de plazo máximo para que haya investidura y no se repitan las elecciones. Periódicos como La Vanguardia y ABC coinciden en apuntar que a Puigdemont le interesa ganar tiempo para aclarar su panorama, dejar pasar primero a Salvador Illa para quemarlo en una investidura fallida y presionar de paso a Pedro Sánchez. Cuenta El Periódico de Cataluña que Puigdemont y Marta Rivera se reunieron hace unos días en Ginebra y acordaron el control independentista de la mesa del parlamento catalán.

Nuevas noticias sobre los casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez

Sigue el goteo de informaciones en los diarios digitales sobre los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, el hermano del presidente. Hoy publica El Debate que David Sánchez se presentó a fichar en la Diputación de Badajoz, en cuánto se enteró de la denuncia en su contra. Fue la última semana de mayo, a poco de que Manos Limpias registrara su denuncia y ante la sorpresa de los funcionarios que no lo veían por allí desde hacía meses. Begoña Gómez ha escrito a El Economista para rectificar un par de informaciones de este diario. La esposa del presidente se defiende y niega que esté haciendo negocio con la plataforma gratuita que obtuvo de la Universidad Complutense.

Dice que el famoso software están en desarrollo, sin finalizar, que no lo está comercializando y que la Complutense aún no lo ha registrado. Los periódicos recogen como el juez Peinado mantiene la citación a Begoña Gómez aunque entrega a la Fiscalía Europea la parte relativa a los fondos europeos. Lo último es que The Objective publica hoy que la Universidad Rey Juan Carlos fabricó un concurso para dar cuatro millones de euros al empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Muestra de la extrema debilidad del gobierno lo que cuenta el Debate. Por segunda vez en dos semanas, el PSOE votó ayer tarde en el Congreso a favor de una iniciativa del Partido Popular para evitar volver a perder una votación, en esta ocasión un agravamiento del código penal para delitos leves de hurto y estafa cuando exista multirreincidencia.

El Gobierno deja a las comunidades autónomas sin dinero de los fondos europeos

En otra muestra de la pésima gestión de esos fondos, cuenta La Razón que las Comunidades Autónomas solo recibirán tres mil de los 20 mil millones de euros asignados de fondos europeos por la ineficacia del gobierno. Como explico ayer la Consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, se trata de préstamos del banco europeo de inversiones y no de ayudas a fondo perdido.

Préstamos que hay que devolver y que además computan en el déficit. Pocas comunidades presentarán proyectos con el objetivo de déficit que tienen que cumplir, explica Rocío Albert. El Banco de España publicó ayer que el 80 por ciento de las empresas españolas no ha realizado ninguna solicitud de fondos europeos y no se plantea hacerlo por las exigencias para acceder a ese dinero.