El pacto para renovar el Poder Judicial y el pleno convocado en Cataluña, entre las claves de hoy

El pacto para renovar el Poder Judicial

A el aval europeo por lo que supone de garantía se agarra el Mundo que titula: La Unión Europea vigilará la despolitización de la Justicia tras ceder PP y PSOE. Crítico ABC: es un pacto de alto riesgo y lo resume en portada con un expresivo titular: PSOE y PP prometen que han sellado el último reparto político de la Justicia. Más entusiastas el diario La Razón cree que es un gran acuerdo en favor de la Justicia. Fin al bloqueo judicial titula El País que subraya del acuerdo el compromiso del nuevo Consejo de hacer una propuesta en seis meses sobre el sistema de elección de los jueces.

Opiniones, antes de las vuestras, hay de todo. Un muestreo.

Luis Ventoso en El Debate sostiene se pregunta por qué ha cedido Sánchez, por qué un mandatario de querencia despótica renuncia a asaltar el Consejo directamente tal y como amenazó en su ultimátum de hace un par de semanas... para Ventoso, si Sánchez adopta el disfraz de moderado es por qué las cosa huele a elecciones anticipadas a la vuelta del verano. Pasteleo del bueno, exclama Álvaro Nieto, le parece sospechosa la euforia de unos y otros y escribe que lo peor del acuerdo es que se ha perpetrado siguiendo los mismos vicios del pasado. Para Jordi Juan, el director de La Vanguardia, Feijóo crece con el pacto y encuentra su camino porque el ciclo electoral se ha acabado y la oposición total, sin ofrecer ninguna mano tendida al Gobierno no va a servir para derrocar antes a Sánchez. Si los extremos se quejan, el acuerdo es bueno concluye Jorge Vilches. Feijóo arriesga escribe Ignacio Camacho y lo de menos es que una alteración de lo pactado le cueste el puesto, no le faltarán recambios.

Lo grave es que si los socialistas incumplen lo firmado el poder se quedará con todo el aparato judicial en sus manos y ya no habrá modo de reparar los estragos.

El pleno convocado esta mañana en Cataluña

Un debate de investidura sin candidato para anotar en el capítulo de extravagancias de la política catalana. Habrá que incluirlo apunta Vicente Vallés en el ingenioso estilo de hacer política del que disfrutamos en estos tiempos. A lo de hoy le llaman acto equivalente, porque no hay decisión ilegal que no merezca un nombre campanudo. Se pone en marcha el reloj, si no hay presidente de la Generalitat el 26 de agosto, elecciones de nuevo el 13 de octubre. El Mundo cuenta hoy que Junts busca el apoyo de Esquerra para forzar una investidura del prófugo en agosto. Sería, explican, una trampa de Puigdemont a Illa, los números no le dan al expresidente catalán, pero su intento de investidura obligaría a los socialistas a posicionarse y los independentistas les culparían de la repetición electoral. Lo dejó claro ayer el secretario general de Junts, Jordi Turull: que Illa decida si Cataluña colapsa.

En los periódicos, la imagen de Miquel Buch, ex consejero de Interior. Desde ayer el primer beneficiado de la ley de amnistía. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, detalla la Vanguardia, incluye la malversación en la amnistía al ex consejero de interior y aplica la nueva legislación en otras 8 causas que incluyen al mosso que escoltó a Puigdemont en su huida o tres jóvenes de Granollers condenados a tres años por lanzar piedras a una furgoneta de los Mossos.

Los empresarios responden con contundencia al ultimátum de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral

Las empresas, ante el chantaje de Díaz, que lo haga, titula La Razón. La CEOE avisa que costará cuarenta mil millones de euros y que esa jornada de 37 horas y media dejará de crear 70 mil empleos. Su presidente Antonio Garamendi cree que es ridículo que se dé plazo para poner por escrito unas propuestas que verbalmente son rechazadas en cada reunión y tiene claro que el documento que se pretende firmar ya está escrito.

Expansión analiza una propuestas que tacha de populismo irracional de una ministra que solo aspirar a recuperar protagonismo. Absurdo, añaden, forzar un recorte de la jornada sin haber hecho el mínimo cálculo del impacto de la medida. El intento de reducir la jornada tiene que venir acompañado de un exhaustivo estudio de los efectos sobre la productividad en cada sector y sería bueno que se discutiera en los convenios colectivos de cada empresa, que es dónde se puede saber a ciencia cierta si se dan las condiciones para reducir la jornada o no.