José Antonio Zarzalejos recuerda que entre las causas para que dimita o sea cesado el fiscal general no está la investigación judicial

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es uno de los protagonistas de la actualidad de nuestro país. Su nombre junto con el del exministro, José Luis Ábalos, cada vez más cerca de ser imputado por el caso Koldo, y el de Yayha Sinwar, el dirigente de Hamás que ordenó los atentados del 7 de octubre en Israel, y que ha muerto a manos del Ejército israelí, aparecen en todos los medios de comunicación en papel, digitales o audiovisuales.

La imputación del fiscal general por el Supremo, un hecho histórico en la historia de nuestra democracia, ha sido motivo de análisis en el 'Sexto Sentido' de José Antonio Zarzalejos en Herrera en COPE.

La imputación del primer eslabón de la institución más jerarquizada del Estado es, sin duda, una situación insólita y sin precedentes.

"Parece complejo comprender que el Fiscal General del Estado no dimita, sorprende más que no sea cesado, sobre todo, porque el Gobierno no depende ni del Parlamento ni nada para poner otro de su cuerda. En el Estatuto del Ministerio Fiscal no se contempla una situación como la actual.  Lo que sí se contemplan son cuatro causas de cese del Fiscal General del Estado:

1.  la primera, su propia renuncia voluntaria
2. la segunda, incapacidad o enfermedad grave que le impide el ejercicio de las funciones de su cargo
3. la tercera incurrir en incompatibilidades o prohibiciones que establece el propio Estatuto
4.  la cuarta, que incurre en graves problemas en el desempeño de su cargo. Eso lo debe valorar el Gobierno, tiene que ser un incumplimiento grave y reiterado de sus funciones. 

Ninguna causa alude a que debe de cesar cuando se está sometiendo a una investigación judicial, en este caso del Tribunal Supremo. Debería estarlo, evidentemente, por una razón porque  es un cuerpo extraordinariamente jerarquizado", explica el veterano periodista.

 va a comparecer en los actos oficiales en sitio preferente

Y recuerda y recalca que el fiscal general manda instrucciones, o puede hacerlo, a 2.700 fiscales y se da la circunstancia de que una subordinada suya, o un subordinado, ya veremos, tendrá que estar presente en la declaración que le tome el juez instructor de la Sala Segunda en el caso que se ha abierto. Por lo tanto, es una incongruencia. 

Y otra cosa más, importante, es que va a comparecer con la prelación (preferencia) protocolaria, muy importante, dentro de los ocho primeros cargos de las instituciones del Estado, en todos los actos institucionales. Eso, que lo haga un señor que está investigado por la Justicia, es una perversión del sistema.