Nadie, salvo Dios, debe y puede gobernar nuestra conciencia

De toda la actualidad de esta semana, principalmente protagonizada por el inicio del sínodo, del que hablaremos aquí en La Linterna de la Iglesia en unos momentos, quizá se te haya pasado una noticia, de un importante calado moral y espiritual. La daba Mónica García, ministra de sanidad

Sacaba pecho al ministra de los últimos datos de abortos realizados en nuestro país: 103.097 asesinatos a bebés no nacidos. Sin embargo, detrás de esa propuesta, que se quiere enmascarar como una garantía a un supuesto derecho al aborto, se esconde una vulneración clara y flagrante a otro derecho, que además es fundamental: el de objeción de conciencia.

Y aunque en abstracto esto no tenga nada que ver con la religión, la Iglesia y su respeto por la libertad y la dignidad humana nos aporta muchas claves para entender la importancia de preservar este derecho. A entender por qué, que el estado obligue a inscribirte en un registro, ataca frontalmente el derecho a la objeción de conciencia.

Como todo derecho, tiene sus límites. No se puede objetar a cualquier ley, ni por cualquier motivo, sino a aquellas que atentan contra elementos esenciales de nuestra vida, que se rigen por unas leyes universales. Hablar de conciencia es hablar del núcleo más íntimo de nuestro ser, donde nos encontramos con nosotros mismos. Para los católicos, es donde encontramos la voz de Dios, donde encontramos la Verdad, con mayúsculas; y donde descubrimos qué es lo bueno y lo malo. Y un católico, cuando hace ese discernimiento profundo, no puede actuar contra ello. Y eso es importante respetarlo.

No hay libertad humana si no hay respeto a los derechos humanos. En un momento donde los derechos se han convertido en expresión subjetiva de los gobernantes, el derecho a la libertad religiosa y de conciencia son indicadores del verdadero respeto a todos los derechos humanos.

La obligación del Estado, y así lo recuerda el magisterio y la Doctrina Social de la Iglesia, es el de reconocer este derecho y no discriminar a quienes lo ejercen. Y ahí, tal y como señalaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán esta misma semana, es donde está el fallo de lo que quiere llevar a cabo el Gobierno.

La dignidad de la conciencia humana exige que sus decisiones se inspiren siempre en unos principios básicos de moralidad que tienen un valor universal. Principios como la obligación que todo ser humano tiene de buscar la verdad y el bien. Y aquí la Iglesia nos enseña que nadie, salvo Dios, debe y puede gobernar nuestra conciencia.