Un experto en Derecho Procesal explica por qué Begoña Gómez, en su próxima declaración, no está obligada a decir la verdad

Comienza una semana que promete ser apasionante al menos en el aspecto informativo aunque quizás algo complicada y difícil de digerir para el Gobierno que estará en el centro de todos debates mediáticos no por buenas noticias, sino por los presuntos casos de corrupción en el que están implicadas varias personas cercanas al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Sus declaraciones ante el juez acapararán toda la atención. 

Escuchas al exministro de Transportes y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos el pasado jueves a la salida del Supremo tras negar ante el juez el cobro de cualquier tipo de comisión en el 'caso Ábalos'. Hay que recordar que la causa abierta gira en torno a la sospecha de que utilizó el Ministerio para traer material sanitario durante la pandemia y presuntamente enriquecerse personalmente por medio de comisiones.

Está acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho y pertenencia a organización criminal. Pues bien, durante esa declaración, aseguró que todas las acusaciones vertidas contra él por parte de Aldama eran mentira.

En el Supremo, ha estado durante más de tres horas, un tiempo en el que ha ratificado que Ábalos cobró comisiones y que, como dijo también en la Audiencia Nacional, pagó un total de 15.000 euros al Secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Además ha descargado responsabilidades en Koldo García, el ex asesor personal de José Luis Ábalos.

Con todo este panorama, llegará el miércoles, día en el que declará ante el juez Begoña Gómez la esposa del Presidente del Gobierno. Será el miércoles cuando tenga que ir al juzgado de Plaza de Castilla para declarar como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid.

También se hablará de su contratación como directora del África Center. Precisamente ese mismo miércoles está citado como investigado el responsable de esa contratación, Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa. Y así transcurre la semana hasta el viernes con la visita al juzgado de la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.

La tercera vez ante el juez

Será la tercera vez que acudirá ante el juez. Esta vez irá como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y de su contratación como directora del África Center, organismo que pertenece al Instituto de Empresa. 

El juez le imputó hace unos meses estos nuevos delitos, que se unen a los de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras admitir una segunda querella de Hazte Oír.

En su defensa, su abogado aseguró que Gómez firmó aquellos pliegos porque la Complutense se lo requirió. Y es en este punto donde se enmarca también la declaración el viernes como testigo de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos en los que hablaba sobre esa cátedra e incluso les buscaba patrocinadores.

Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal y nos explicaba, con respecto a Begoña Gómez, que “a medida que avanza la investigación y llegan nuevos hechos e indicios y pruebas, lo razonable es permitir al investigado que dé su opinión. Se ofrecerá la posibilidad de que declare, luego ya decidirá”.

Además, hablaba de la diferencia entre investigado y testigo. “Como investigado es que eres sujeto de investigación y puedes haber cometido un hecho delictivo y tienes que hacer frente de la atribución de unos hechos delictivos, y testigo es una prueba, y por tanto comparece como prueba de un hecho sin perjuicio de que salgan como investigados” expresaba.

Aquí, por cierto, radica la diferencia entre lo que pueda declarar Begoña Gómez ante el juez. Y es que, explicaba, puede no decir la verdad.

Por qué puede no decir la verdad Begoña Gómez

Como explicaba Zarzalejos, “el testigo declara bajo juramento de decir la verdad, no está asistido de abogado, el investigado puede no declarar o declarar lo que quiera”. 

“Tenemos un catálogo de derechos muy amplio que hacen que el estado no pueda exigir al investigado que se convierta en prueba contra sí mismo. En España es mucho más amplio. Incluye dentro del derecho a guardar silencio algo parecido a mentir, se entiende que dentro de la autodefensa se comprende ese derecho a faltar a la verdad” detallaba.

A modo de opinión personal, hablaba de que nunca, en sus 38 años de servicio, había visto cómo el Gobierno atacaba al Poder Judicial “de la manera tan sistemática, incisiva, planificada como ahora nunca he visto atacar al poder judicial. Además, con una visión estratégica, tóxica, quizá en aras de una mutación del sistema constitucional, realmente es preocupante e insólito”.

“Es un intento de cargarse la separación de poderes, pero estoy tranquilo, porque puesta a prueba nuestra democracia y sistema judicial está respondiendo. No confundamos el sistema con las personas” sentenciaba.