Los trámites para que un español encarcelado en el extranjero cumpla su pena en nuestro país: "No es sencillo"

Daniel Sancho lleva una semana en prisión tailandesa, acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano. En 'La Linterna' repasamos todos los españoles que se encuentran encarcelados fuera de nuestras fronteras.

El número no es pequeño, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, son 907 los compatriotas que están en estas circunstancias. El periodista de ABC, Pablo Muñoz, expone cuáles son las causas por las que han sido condenados. La primera de las razones es el tráfico de drogas, alcanzando el 55 por ciento.

Más de la mitad en Europa

"Están detenidos por narcotráfico o pequeños delitos a pequeña escala", explica. Estas personas recurrían a "la estupidez de hacer de mulas" por la situación de vulnerabilidad a la que se veían expuestas. Para captarlas en España, aprovechaban que los desahucios eran públicos. "Iban al telefonillo y directamente le ofrecían la solución a todos sus problemas", revela.

Los siguientes motivos son el robo y el asesinato, con 56 y 33 casos respectivamente. A continuación, el homicidio y el abuso a menores. El periodista menciona el terrorismo, ya que hay 12 etarras en prisiones francesas.

Precisamente es Francia el país que lidera la lista con mayor número de españoles encarcelados, alcanzando los 187 individuos. Repartidos por Europa se encuentran alrededor de 500, mientras que en las cárceles sudamericanas hay más de 100, "algunos en situaciones complicadas".

Un número similar cifra en África, mientras que 30 están en Estados Unidos. El número lo completan los países asiáticos. De todos ellos, más de la mitad se encuentran "condenados por sentencia firme a penas inferiores de 10 años".

Solo una pena de muerte

Solo hay uno de ellos condenado a pena de muerte. Un farmacéutico de nacionalidad española y origen egipcio llamado Ahmed el Saadany Ghaly ingresó en prisión por matar a su cuñado de un disparo en 2016.

"Siempre ha defendido su inocencia y se han hecho múltiples intentos de trasladarle a nuestro país, pero una vez más no ha sido posible", comenta. A otros sí que ha sido posible conmutarle la pena por la cadena perpetua, como Pablo Ibar o Artur Segarra.

Las condiciones en las que se encuentran algunos de ellos son realmente malas. El caso de Fátima Ofkir Reyes, que lleva 5 años en la prisión de Omán. Condenada a cadena perpetua por tráfico de drogas, una cantidad mínima, ha pedido que se la ejecute. Para que esto sea posible, los padres deben autorizarlo. "Los de Fátima no lo han hecho porque tienen la esperanza de traerla de vuelta a España en un período no demasiado grande", apunta el periodista.

Otro de ellos se encuentra en una prisión de Sudamérica. "Su vida es un sinvivir constante, no come bien, piensa cada día '¿qué es lo que me puede pasar hoy?', los que tiene alrededor son reclusos muy peligrosos y tiene miedo de que a alguno se le vaya la cabeza", cuenta. Cuando entró pesaba 110 kilos y ahora, 78.

Los trámites para cumplir la condena en España

Como desvela Muñoz, España es uno de los países europeos que suscribe el Convenio del Consejo de Europa sobre el Tratado de Personas Condenadas de 1983. Los firmantes se comprometían a "facilitar el traslado para cumplir sus penas en su país de origen". Además, nuestro país tiene hasta 34 convenios bilaterales de este tipo. No obstante, esto "no garantiza que el retorno sea sencillo o automático".

Por ejemplo, uno de los acuerdos es con Tailandia. Para que sea posible ejecutarlo, el delito tiene que tener una correspondencia en el Código Penal. Hay 3 españoles que sí cumplen esos requisitos. En el caso de Daniel Sancho, "el problema es que todavía no ha habido juicio, y, por lo tanto, condena. Si se le condena a pena de muerte, no puede hacerse el traslado y hay que esperar a que se conmute la pena", insiste el periodista.

Por un delito similar está encarcelado Artur Segarra, que lleva desde 2016 "y todavía no hay un horizonte muy cercano que vaya a permitir traerlo". Muñoz concluía diciendo que, en su caso, está condenado a 25 años y "al tener un límite temporal concreto, facilita las cosas" a la hora de tramitar su vuelta.